Sobre Juan Brozina, exadministrador del Arzobispado, aún pesa un procesamiento por fraude contra la institución, dado que desvió casi 600 mil pesos hacia su propia cuenta. Tras la causa en su contra, el acusado tendrá que ir al Penal de Chimbas, pero no como detenido sino para desarrollar funciones administrativas durante un año. Con esa resolución, dictada en la Sala II de la Cámara Penal, la escandalosa causa que involucró a la Iglesia sanjuanina, ya que Brozina había denunciado que el exobispo Alfonso Delgado utilizó los fondos para gastos impropios de la curia, entró en su etapa final, en las que las acusaciones de ambos lados quedarán cerradas.

El trabajo que llevará adelante el exadministrador en el Servicio Penitenciario forma parte del mecanismo llamado probation, en el que al imputado se le suspende el juicio y queda a prueba de la Justicia, dado que tendrá que cumplir dichas tareas comunitarias, ofrecer un pago simbólico y acatar una serie de conductas. Si realiza todo, evita el proceso y queda limpio, sin antecedentes. En ese marco, como reparación económica, Brozina desembolsará 20 mil pesos en cuatro cuotas.

De esa manera, el hombre que fue denunciado por el exarzobispo Alfonso Delgado y que contraatacó con duras acusaciones contra la entonces máxima autoridad de la Iglesia local logró eludir el juicio. Y ayer, tras escuchar que se le otorgaba el beneficio, se fue en silencio, sin querer hablar con la prensa.

No fue el único que accedió a la suspensión de juicio a prueba. También lo hizo el extesorero Darío Tapia, quien deberá llevar a cabo tareas de limpieza, jardinería y mantenimiento en la escuela Hogar Estrada y pagar 3 mil pesos en dos cuotas. En su caso, según el expediente, defraudó al Arzobispado con 150 mil pesos.

Frente a ese escenario, los abogados de la Iglesia, Cristina Naveda y Roberto Lloveras, se opusieron a la probation, querían que Brozina y Tapia enfrentaran un juicio, que fueran condenados y que vayan presos.

Todo había estallado en febrero de 2016, con la denuncia del entonces arzobispo Delgado que les apuntó al exadministrador y al tesorero por el desvío de casi 750 mil pesos en total. Ambos fueron procesados, pero el primero, en una de sus declaraciones ante el juez, prendió el ventilador indicando que el exobispo dispuso pagos para solucionar problemas de sacerdotes que tenían "hijos, novias" y cubrir faltantes en parroquias o colegios dirigidos por amigos, que hizo negocios oscuros y detalló esas maniobras con nombre y apellido. Además, aseguró que el entonces monseñor y algunos religiosos de confianza viajaban al exterior para traer dólares en forma clandestina. Sus imputaciones derivaron en sendas investigaciones en la Justicia local y federal, pero ambas quedaron en la nada por la falta de pruebas y fueron archivadas.

La causa inicial siguió su curso y la misma fue elevada a juicio con ambos exempleados de la Iglesia quedaron en la mira por administración fraudulenta. Así, Brozina y Tapia solicitaron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, a cambio de tareas comunitarias y un pago simbólico. Sus defensores señalaron que los dos no tienen antecedentes, lo que los habilitaba a conseguir el beneficio. La Iglesia, con la actual gestión de monseñor Jorge Lozano, se opuso con la pretensión de que en el debate se aclare todo lo que había manifestado Brozina. Ahora, al Arzobispado sólo le queda la instancia civil, ya que, como aseguró Lozano "nuestro deseo es que haya una restitución del dinero que se ha desviado y robado".

Auditorías

Si bien inicialmente el Arzobispado de San Juan llevó adelante una auditoría interna en la que detectó el desvío de fondos realizados por el exadministrador Juan Brozina y el extesorero Darío Tapia por casi 750 mil pesos, las autoridades de la Iglesia indicaron que ese proceso de control no está finalizado y que resta una segunda etapa.

Por eso, desde la Iglesia no dan el caso cerrado y entienden que puede haber más fondos involucrados en la administración fraudulenta por parte de los exempleados.

Las autoridades eclesiásticas locales buscan finalizar ese proceso, para luego iniciar la demanda civil correspondiente con la intención de que, tanto Brozina como Tapia, devuelvan todo lo que sustrajeron, indicaron.

Hasta el momento, se desconoce cuándo puede iniciarse esa etapa, ya que el Arzobispado primero esperaba finalizar con la instancia penal.

Pago y desvío

20 mil pesos es lo que pagará Brozina de manera simbólica. La acusación en su contra señala que desvió a su cuenta casi 600 mil pesos de la Iglesia.

Requisitos

Además de las tareas comunitarias y el pago simbólico, tanto Brozina como Tapia deberán cumplir con otros requisitos de conducta. No deben consumir estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas, no tienen que cambiar de domicilio ni ausentarse de la provincia sin autorización del Tribunal.