Ritmo. La SRT intervino la Comisión Médica desde el 6 de julio hasta el lunes pasado. El personal fue separado de sus funciones, pero no de sus cargos. Mientras duró la medida, los puestos fueron cubiertos por trabajadores porteños.

La investigación interna que se desató en la Comisión Médica 26, la entidad nacional encargada de determinar el nivel de incapacidad de un empleado tras un accidente laboral, tuvo consecuencias. Según aseguraron fuentes calificadas, mientras se desarrollaba el proceso, renunció un profesional de la salud, Alejandro Vázquez, y una colega, Maris Dalinda Alferillo, terminó despedida. En este último caso, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), que tiene bajo su órbita al organismo local, detectó que habría incurrido en irregularidades a la hora de dictaminar las valuaciones de incapacidad. Además, cesantearon a dos miembros del personal administrativo porque habrían cometido fallas en sus tareas, de acuerdo a lo que trascendió.

No es la primera vez que suenan los nombres de los dos médicos. La SRT había denunciado en la Justicia Federal (ver recuadro) que existiría en el seno de la Comisión 26 un grupo de profesionales de la salud que fijaban un porcentaje de incapacidad muy superior o reñido con la propia normativa del organismo a ciertos trabajadores. La sospecha es que los médicos habrían realizado tal maniobra tras un acuerdo con abogados de un estudio jurídico que representaban a esos empleados. Así, la hipótesis planteada en el escrito es que los letrados les garantizarían a los operarios un resultado favorable y a cambio cobraban sumas de dinero disfrazadas de honorarios. Y la presunción es que parte de esos honorarios irían a parar a los profesionales de la Comisión 26. Si bien en la denuncia no se apunta específicamente contra nadie y se deja en manos de la Justicia Federal la tarea de hallar a los responsables, sí hacen constar una serie de anomalías en los trámites que encararon tanto Vázquez como Alferillo.

Todo se desencadenó el 6 de julio, cuando la SRT ordenó la intervención de la Comisión 26 por "presuntas irregularidades administrativas detectadas en los trámites médicos que se gestionan en esa entidad provincial", según resaltó el comunicado oficial. La medida fue inédita, porque era la primera vez en el país que se separaba de sus funciones (no de sus cargos) a todo el personal de una entidad médica. La decisión iba a durar 30 días, pero se prorrogó y se levantó el lunes.

De acuerdo a las fuentes, mientras se llevaba adelante el sumario interno, Vázquez presentó su renuncia. Y tras el resultado de la investigación, Alferillo fue cesanteada con causa. Los argumentos de su desplazamiento no difieren de la sospecha que plasmó la SRT en la denuncia: que los dictámenes sobre los porcentajes de discapacidad de algunos trabajadores fueron irregulares y que no se ajustaban a la normativa, explicaron. En cuanto a los otros dos despedidos, sólo trascendieron sus apellidos, Castillo y Coco, y que habrían incurrido en irregularidades administrativas.

De acuerdo a una auditoría interna previa, hubo expedientes en los que participaron Vázquez y Alferillo en los que calcularon niveles de incapacidad que tuvieron una diferencia de entre 14 y 46 puntos con respecto a lo que estableció la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), que es la que termina pagando.

La pista salió a la luz por una encuesta que encaró la SRT, en la que una mujer denunció que un uniformado de la Policía Federal, que custodiaba el interior de la entidad, le recomendó el estudio jurídico Gómez y Asociados porque trabajaba con los médicos Vázquez y Alferillo. De hecho, uno de los abogados la contactó y le dijo que podía conseguir un resultado favorable sobre su problema ya que tenía contacto con los mencionados.


Diferencias

En un dictamen, Vázquez y Alferillo establecieron la incapacidad de un trabajador del 54,13 por ciento. Por su parte, la ART fijó un 8,04. Si bien el organismo oficial suele determinar un número superior, ya que la aseguradora apuesta a desembolsar menos dinero, la SRT señaló que no se apegaron a la normativa.

Personal
12
 Personas trabajan hoy en la Comisión 26. Hay cuatro médicos, tres administrativos, tres abogados y dos psicólogos.

Medidas  probatorias

Tras la denuncia de la SRT, fuentes judiciales informaron que el fiscal Federal Francisco Maldonado le solicitó al juez Leopoldo Rago Gallo la producción de medidas previas. Con sus resultados, el representante del Ministerio Público decidirá si pide o no la apertura de la investigación. Entre las iniciativas que requirió se encuentra la ratificación de la denuncia que realizó una mujer en sede administrativa, en la que señaló que un uniformado de la Policía Federal, que custodiaba el interior de la Comisión Médica, le recomendó un estudio jurídico porque trabajaba con los médicos Vázquez y Alferillo. En la denuncia de la SRT, también aparece el testimonio de otro trabajador que acudió al organismo nacional con sede en San Juan, quien expuso su caso, el cual fue parecido al de la primera denunciante. El fiscal también pidió que dicha persona ratifique su declaración en sede judicial, manifestaron las fuentes, que además indicaron que la SRT aportará más información a la causa, luego del resultado de la intervención y la investigación interna.