El fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificando la posición de la Justicia local, con respecto al límite de la inmunidad de opinión de la que gozan los diputados provinciales se transformó en una polémica nacional. Un grupo de legisladores nacionales, aliados a Cambiemos, presentó un proyecto de declaración en la Cámara Baja para que se repudie la decisión del máximo tribunal por no haber "resguardo la libertad de opinión y no ejercer su función de último control de constitucionalidad", indicó uno de los firmantes. La iniciativa se presentó el viernes a última hora y, una vez que tome estado parlamentario, será girada a la Comisión de Libertad de Expresión que preside el macrista Waldo Wolff. El disparador fue la demanda que el excortista Adolfo Caballero le ganó al exdiputado provincial Mario Capello, quien lo había criticado en declaraciones fuera del recinto. La Justicia local, en primera y segunda instancia, le había dado la razón al exmagistrado, lo que también generó cuestionamientos de los parlamentarios.

El que promovió el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación fue el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alvaro De Lamadrid, quien indicó a DIARIO DE CUYO que tuvo conocimiento de la causa de Caballero contra Capello tras la resolución de la Corte Suprema. Según manifestó, el fallo le llamó la atención porque "avala todo lo que ocurrió en San Juan, lo que produce un pésimo precedente que va contra la mejor tradición jurisprudencial", respecto a la libertad de expresión. Es más, se refirió en duros términos contra la Justicia local al expresar que "el fallo de San Juan me pareció una barbaridad". Incluso, resaltó que "Tomas Jefferson y John Adams, los padres de la democracia estadounidense y occidental, se escandalizarían por este fallo que intenta poner condiciones y límites a lo que puede decir un legislador". La sentencia de primera instancia la había resuelto Daniel Olivares (hoy cortista), mientras que fue confirmada por Juan José Victoria (ministro de la Corte), Roberto Pagés y Juan Jesús Romero.

El exministro de la Corte local había demandado a Capello por daños y perjuicios cuando este último lo cuestionó en una conferencia de prensa al indicar que era un "malevo que amenaza desde la institucionalidad" y que, en otra oportunidad, había sostenido que "es lamentable que sea juez de la Corte de Justicia", dado que no "tiene capacidad para ser juez". Además, había dicho despectivamente que andaba mucho a caballo y deslizó la sospecha de que tuvo alguna participación en el ingreso de su hija al Poder Judicial.

De Lamadrid defendió a Capello y dijo que "hizo una adjetivación de una persona dentro de su libertad de opinión". Según el proyecto, el fallo de la Corte Suprema "es un precedente muy peligroso a nivel nacional, porque atenta contra uno de los principios más sagrados de la República: la inmunidad de palabra y de opinión de un diputado". Además, señala que "los fueros, para un diputado en el ejercicio de su mandato son para que pueda decir las cosas con libertad. Con este fallo, queda confirmado que los diputados no pueden hablar fuera del recinto". Los que firmaron fueron los macristas Wolff, Graciela Ocaña, Jorge Enríquez, Héctor Stefani, Pablo Torello, José Patiño, Alberto Asseff, Martín Grande y Hernán Berisso, y los radicales Gustavo Menna, Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Lidia Ascarate, Estela Regidor, Gerardo Cipolini y Mario Arce, junto a Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica.