El duro comunicado que emitió la Unión Judicial sobre el fallo que desligó a un funcionario de Tribunales por el delito de encubrimiento tuvo críticas por parte del presidente de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, quien, sin expresarlo directamente, dio a entender que la cúpula del máximo tribunal se vio aludida por el mensaje que dio a conocer el gremio. En el escrito, un órgano del sindicato había apuntado a dos áreas sensibles para el máximo tribunal: la aplicación de la Ley Micaela, para una "Justicia con perspectiva de género" y "que todas las víctimas importan si queremos humanizar la justicia". La norma ha sido uno de los pilares dentro de la nueva conformación de la Corte, con la incorporación de la cortista Adriana García Nieto, mientras que la última frase utiliza un término que el titular del Poder Judicial eligió para definir el camino a recorrer durante su año de gestión. Así, Victoria cuestionó el comunicado al indicar que está "fuera de contexto" porque "la libre convicción de un juez, no tiene por qué ser avasallada ni dirigida por absolutamente nadie". Además, dijo que "llama la atención" y "molesta" porque la Unión Judicial "no puede decir nada sobre las capacitaciones, inclusive, de forma obligatoria, a todo el mundo, respecto a la Ley Micaela".

El comunicado de la Unión Judicial salió de la Subcomisión de Géneros y Derechos Humanos, la que cuestionó la decisión del juez de Garantías, Matías Parrón, por desligar al secretario Relator de la Corte, Juan Pablo Ortega, quien estaba imputado de encubrir a Mario Parisí, otro hombre de peso dentro de Tribunales, que está en la mira por provocarle lesiones a su exmujer, amenazarla y desobedecer una orden judicial. La causa ha levantado polvareda en Tribunales por las personas involucradas, por lo que es seguida de cerca en los pasillos del edificio 25 de Mayo. Por su parte, Fiscalía viene teniendo una postura muy firme en la causa (ver recuadro). Así, sin nombrarlo, el gremio había criticado la decisión del magistrado al entender que dictó un sobreseimiento "mirando el apellido de los acusados". En esa línea, lanzó cuestionamientos que llegaron hasta la Corte al expresar que "no hay ley Micaela, Código de Ética del Poder Judicial y Ley de Ética Pública que baste cuando de romper los pactos de complicidad patriarcal se trate" y que "el Poder Judicial debe aclarar cuál es el mensaje hacia los trabajadores y trabajadoras y hacia la sociedad, no solo respecto de las capacitaciones en género como un relato de ocasión o como un tranquilizador de conciencias, sino como una herramienta que deben usar al momento de hacer justicia".

Consultado sobre el comunicado, Victoria fue categórico al indicar que "la libre convicción de un juez, no tiene por qué ser avasallada ni dirigida por absolutamente nadie. Creo que habla bien del Poder Judicial que cada uno resuelva lo que tiene que resolver, sin ningún tipo de condicionamiento". Además, apuntó al gremio judicial al decir que, "si uno está en desacuerdo con el fallo de un juez de primera instancia, existen los mecanismos que marca la ley para revertir ese fallo y los mecanismos no son darlos a publicidad ni criticarlos por la prensa", por lo que le pareció que la Unión Judicial "está fuera de contexto". Por otro lado, dijo que le llamó la atención que "un sector de los trabajadores salga a expresar esto, por la cantidad de cursos de capacitación sobre perspectiva de género que se han realizado" y que "molesta por el trabajo que se está realizando". En ese sentido, cerró que "no sé cuál es el mensaje que han querido dar".
 

Claves de los cruces

Fallo

El juez de Garantías Matías Parrón sobreseyó al funcionario judicial Juan Pablo Ortega por el delito de encubrimiento. El fallo fue cuestionado por la Fiscalía, que apelará la sentencia.

Unión Judicial

El gremio de los empleados judiciales cuestionó la sentencia al indicar que Parrón tuvo en cuenta los apellidos de los involucrados en la causa y que no tuvo en cuenta la perspectiva de género.

Dura respuesta

El presidente de la Corte de Justicia criticó a la Unión Judicial al indicar que "nadie puede decir que la Justicia no ha capacitado, inclusive, de forma obligatoria, a todos respecto a la Ley Micaela".

• Fiscalía cuestionó el fallo de Parrón

La fiscal Claudia Salica, que encabeza la imputación en la causa contra Mario Parisí junto a Roberto Ginsberg, calificó la decisión del juez Matías Parrón como "una resolución pobre jurídicamente" y que benefició doblemente al funcionario judicial Juan Pablo Ortega. Según explicó, el magistrado argumentó que el secretario Relator de la Corte no cometió un delito cuando lo que debía haber señalado era que existió una conducta delictiva, pero que no es castigada por un amigo íntimo. Ante esa diferencia, "el fallo hace que la Corte de Justicia no pueda investigar administrativamente su conducta" porque, justamente, el juez entendió que no hubo delito. De lo contrario, Ortega habría tenido que enfrentar posibles sanciones en su carácter de funcionario público, bajo la ley de Ética Pública.