Luego de una serie de rechazos a planteos defensivos y postergaciones, el juez federal Leopoldo Rago Gallo indagará finalmente la semana que viene a exdirectivos de Pachón SA por no hacer nada para evitar que la minera chilena Los Pelambres armara una montaña de escombros en el yacimiento que la empresa tiene bajo concesión. El jueves 25 será el turno de Luis Enrique Lucero y al día siguiente les tocará a Julián Patricio Rooney y Xavier Luis Ochoa Paressini. Hay un cuarto exejecutivo imputado, Robert Frank Drabik, que aún no ha sido localizado y en el Juzgado están realizando los trámites con dependencias nacionales e internacionales para dar con su paradero, indicaron fuentes calificadas. Todos están en la mira por su presunta participación en el delito de contaminación del ambiente.

Los interrogatorios a los tres exdirectivos se llevarán a cabo luego de que se postergaran las citaciones que habían sido fijadas a fines del mes pasado. Además, se producirán después de que el Ministerio de Minería le aplicara a Pachón SA una multa millonaria por no informar a tiempo la existencia de la escombrera mientras lleva adelante la etapa de exploración del proyecto de cobre en Calingasta (ver Máxima sanción...). 

El escenario representa también un giro en la causa, ya que Pachón fue quien demandó en 2014 y denunció en 2015 a Los Pelambres por la montaña de residuos. El tema es que la escombrera se formó entre 2006 y 2012. Fue Fiscalía de Estado de la provincia la que puso la denuncia en agosto de 2017 para que la Justicia Federal investigue la supuesta responsabilidad de los exejecutivos que intervinieron en el proyecto de cobre. El fiscal recogió el guante y le solicitó a Rago Gallo que ampliara la instrucción contra los que tuvieran alguna participación y los indagara. 

La ampliación de la investigación se debe a que ya fueron indagados Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery, Robert Mayne-Nicholls, de la minera Los Pelambres, y Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals, el grupo que controla la empresa trasandina. 

Rago Gallo puso la lupa en cuatro sospechosos que se desempeñaron como directivos de la firma Xstrata Copper, que en 2013 fue adquirida por Glencore, actual propietaria Pachón SA. Rooney fue director titular en 2007, 2010 y 2012. Por su parte, Lucero fue vicepresidente en 2007, 2010, 2012 y 2015, mientras que Ochoa ejerció la Gerencia General en 2010 y 2012. Por último, Drabik fue gerente General en 2007, indicaron las fuentes. Los cuatro serán indagados como sospechosos de infringir la ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Esto es, la intervención de directores, gerentes y administradores de una empresa en el delito de contaminación.

Rago Gallo consideró que se debía determinar si la escombrera se generó tras una actitud "tolerante" por parte de la concesionaria del territorio. Por eso, intentará establecer si quienes manejaban el proyecto de cobre omitieron realizar un "efectivo control sobre el medio ambiente, procurando mantenerlo a salvo de riesgos externos". Tanto el fiscal de Estado como el fiscal y el juez entienden que la compañía, como propietaria del terreno en posesión de la pertenencia minera, tiene un deber de custodia y la obligación de conservar la zona de cualquier tipo de peligro.

La defensa había apelado la decisión de indagar a los imputados ante la Cámara Federal de Mendoza, pero hubo un rechazo al planteo. El reclamo siguió hasta la Cámara de Casación Penal, en la que también se dio una negativa. Y lo último fue un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó el pedido, dijeron las fuentes.

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40  Millones de toneladas de rocas tenía la escombrera. A abril, Los Pelambres había retirado 13 millones de toneladas.

Nuevas autoridades

En el plano político, el gobernador Sergio Uñac y el ministro de Minería, Alberto Hensel, le exigieron a los actuales directivos de Glencore que presenten una propuesta en el corto plazo que refleje qué harán con el proyecto de cobre Pachón. Es que el emprendimiento se encuentra frenado hace años.

• Máxima sanción del Código Minero

El Gobierno sanjuanino le aplicó a la empresa Pachón (foto) la sanción más dura que contempla el Código de Minería. Además, es la primera que se instrumenta a una empresa que se encuentra en la etapa de exploración del emprendimiento. La multa fue de 41.491.200 pesos por cuatro cargos. El primero, por la negligencia y la falta de protección ambiental al omitir o no haber comunicado en forma inmediata a la autoridad minera la existencia de la escombrera. El segundo, por omitir el "hecho nuevo", ya que al celebrar el 3 de noviembre de 2006 el contrato de exploración con opción a compra, la minera Los Pelambres ya habría comenzado a arrojar desechos. En tercer lugar, por la omisión de reclamar acciones de protección ambiental en los monitoreos, dado que los escombros se depositaron en una laguna y pueden generar drenaje ácido, además se hicieron perforaciones en la base de la escombrera. Y por último, incumplir el plan de trabajo ordenado por la autoridad minera, de monitoreo y manejo ambiental.