El juicio contra los exintendentes de Ullum Alfredo Ortiz y Jorge Agapito Gil, acusados de fraude contra la administración pública, entró en la etapa de las indagatorias de los imputados y dejó al descubierto la estrategia defensiva. Ambos están acusados de quedarse con el dinero de obras que se facturaron y que nunca se ejecutaron, pero el primero declaró ayer que las tareas sí se hicieron y dio los nombres de algunas personas que las realizaron. Así, intenta derribar la acusación al tratar de demostrar que lo que se pagó fue a parar a los bolsillos de los que efectuaron los trabajos.
El juicio finalmente comenzó el jueves tras 15 años de idas y vueltas y cuando la causa estaba a un mes de prescribir, es decir, de quedar en la nada. En el caso de una hipotética condena, ni los 2 jefes comunales ni otros 3 exfuncionarios municipales acusados irían a prisión, debido a que el delito es excarcelable. Sin embargo, Gil y Ortiz se juegan sus carreras políticas. Actualmente ambos tienen cargos en el Estado y si son hallados culpables deberían dejar sus cargos, ya que la ley no permite que los condenados trabajen en la administración pública. En el inicio, los abogados defensores plantearon, por un lado, la existencia de actos nulos en el expediente y la prescripción, en segundo término. Pero los jueces de la Sala III rechazaron el primer planteo y decidieron pronunciarse sobre el segundo al momento de dictar la sentencia. Por eso, el juicio siguió su camino y arrancaron con las indagatorias.
Los primeros en tener la posibilidad de declarar ante los magistrados fueron los exfuncionarios María Esther Reinoso y Mario Serrano, quienes se negaron a dar sus versiones (ver aparte). Cuando llegó el turno de Ortiz, éste decidió hablar. Los hechos se generaron en 1997 cuando el imputado era jefe de Patrimonio y luego pasó a ser encargado de Servicios (tiempo después llegaría a estar al frente de la intendencia). Desde su cargo, aseguró que solicitó la realización de trabajos para la limpieza de una planta potabilizadora, el arreglo de motores y maquinarias, la colocación de postes para alumbrado público, el mantenimiento del camping municipal y la nivelación de un terreno. Y resaltó que todas las obras se llevaron a cabo y que en el caso del alumbrado hubo actos de inauguración. Según el expediente, los implicados utilizaron facturas de Alberto Molina, quien declaró durante la investigación que perdió el talonario con los comprobantes y que él no realizó los trabajos y que obviamente no los cobró. Por eso, la sospecha es que se quedaron con 3.690 pesos, que fue el total de las obras.
Sobre ese punto, Ortiz manifestó que el que llevó las facturas fue Hugo Albornoz, quien trabajaba con Molina y solía prestar servicios al municipio. Es más, el exintendente remarcó que le pagó a Albornoz por la nivelación que hizo de un terreno a la entrada del departamento y que también reparó unos motores. Este último se encuentra prófugo de la Justicia, pero cuando declaró indicó que no realizó ningún trabajo ni facturación.
Ortiz además manifestó que la extracción de los postes para el alumbrado público lo hicieron 2 personas de las que dio sus nombres y que la limpieza y desinfección de la pileta de la planta potabilizadora también fue hecha por otras 4 personas.
Los dichos de esos testigos, al igual que la versión que brinde Molina, el dueño de las facturas, serán claves en el avance del proceso (ver recuadro).