Con una conformación especial, la Corte de Justicia allanó el camino para la selección del tribunal que hará el juicio de la megacausa de las expropiaciones. El camarista penal Víctor Muñoz Carpino y sus pares laborales Guillermo Baigorrí y Mariano Ibañez confirmaron la nulidad que habían dictado los jueces Alberto Caballero, Carolina Parra y Federico Rodríguez, quienes habían anulado el sorteo que había definido a los magistrados que iban a realizar el debate porque no se tuvo en cuenta a los jueces de Flagrancia, a los penales de Niñez y al de Ejecución Penal. Según indicaron fuentes de Tribunales, tras la resolución del máximo tribunal, ahora deberá realizarse otro sorteo para designar al tercer integrante que trabajará junto a Silvina Rosso de Balanza y Martín Heredia Zaldo, que ya están confirmados. Así, la expectativa es que en 2021 arranque el juicio arranque, en el que se dilucidará si existió una asociación ilícita compuesta de exjueces, exfuncionarios y abogados que le habría sacado millones de pesos a las arcas provinciales al inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado.

La confirmación de la nulidad del sorteo no fue lo único que definieron los jueces subrogantes de la Corte, quienes llegaron a ese puesto por la catarata de inhibiciones desde cortistas a camaristas civiles (Ver recuadro). De hecho, Baigorrí e Ibañez son jueces de la Cámara Laboral, mientras que el único del fuero penal es Muñoz Carpino. Según consta en la resolución, los jueces rechazaron planteos que hicieron las defensas de la exjueza Rosalba Marún de Sobelvio, representada por los abogados Cayetano Dara y Edishon Sobelvio, y la del exjuez Carlos Macchi, en manos de Guillermo Toranzo. Como en diferentes escritos contra otros jueces, los abogados cuestionaron la imparcialidad de Baigorrí, Muñoz Carpino e Ibañez. En el caso del primero, porque se desempeñó como diputado nacional, fue electo senador y luego fue designado magistrado "a través de un procedimiento inconstitucional, por no existir un concurso de antecedentes y oposición" y porque su designación se realizó con posterioridad a la causa. Con respecto al segundo, también cuestionaron su pasado político (fue diputado provincial) y reiteraron que su designación fue posterior al inicio de la causa. El planteo contra Ibañez fue similar y cuestionaron que los tres reciben sueldos del Estado, cuando éste es parte querellante.

Todas las quejas fueron rechazadas. Incluso, los jueces se refirieron en duros términos contra los defensores. En el fallo destacaron que quedó claro que los abogados tienen un "inocultable propósito de desmembrar la legal constitución del tribunal" de Corte, ya que los planteos "son razonamientos puramente hipotéticos o conjeturales y sin ningún respaldo jurídico ni probatorio concreto, serio y cierto, todo lo cual, permite reafirmar una indebida finalidad dilatoria". Además, indicaron que "evidentemente, los motivos apuntados (el desempeño profesional, particular y/o público anterior a la judicatura), implican simples elucubraciones infundadas, sin sostén legal alguno" y señalaron que "si solamente esas simples suposiciones sirvieran para apartar a un juez de una causa, implicaría instaurar todo un desatino procesal y avalar cualquier disparate argumentativo". Así, resaltaron que "buscan obstruir el proceso y frenar literalmente su avance".

Implicados

15 Son los imputados en la megacausa, entre los que se encuentran abogados, exjueces, peritos y exfuncionarios.

En una sala especial

Antes de la pandemia, estaba previsto que el juicio se llevará adelante en el recinto del Concejo Deliberante de la Capital, debido a la cantidad de imputados y abogados defensores, sumado el equipo de fiscales y los tres jueces.

Catarata de inhibiciones

Tal cual había adelantado este medio, el planteo que llegó a la Corte de Justicia abrió el camino a una catarata de inhibiciones. El ministro Guillermo De Sanctis lo hizo porque fue fiscal de Estado y, como tal, impulsó la investigación contra los imputados. La presidente Adriana García Nieto se apartó porque se había desempeñado en el Ejecutivo como subsecretaria General de la Gobernación y había emitido resoluciones que derivaron en la denuncia de la megacausa. Quien realizó la presentación judicial fue el titular de esa repartición, Walter Lima, hermano fallecido del cortista Marcelo Lima, por lo que este último también se excusó. Daniel Olivares Yapur se apartó por amistad con la exjueza Rosalba Marún, mientras que Juan José Victoria por su amistad con Santiago Graffigna. Luego se inhibieron los camaristas penales Benedicto Correa, Maximiliano Blejman, Juan Carlos Caballero Vidal (h) y Daniel Guillén, ya que todos intervinieron en alguna instancia del voluminoso expediente. Los jueces Juan Bautista Bueno y Miguel Dávila Saffe se inhibieron porque defendieron, cuando eran litigantes, a algunos implicados. También se excusaron los camaristas civiles María Josefina Nacif, Abel Soria, Juan Jesús Romero, Oscar Otiñano y los laborales Germán Parra y Susana Raed.