Fiscalía de Estado jugará una carta clave en la causa que lleva adelante la abogada Norma Navarro de Eguía contra el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). La profesional interpuso una demanda por despido injustificado en 1998 y un resultado adverso para la provincia le puede costar millones de pesos. Como la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió la puerta para que el máximo tribunal sanjuanino se meta de lleno a resolver el caso, es en esa instancia en la que en el organismo que defiende el patrimonio local, que conduce Jorge Alvo, pondrá fichas al sostener que la cesantía de la mujer estuvo justificada. El argumento es que el EPRE rescindió el vínculo laboral en base a una ley de contrato de trabajo vigente, mientras que los supremos al permitir el estudio del caso, lo hicieron teniendo en cuenta una norma que al parecer está derogada.

El caso de la trabajadora del EPRE levantó revuelo en los pasillos de Tribunales porque se trata de una causa que tiene casi 20 años de indefinición. Además, el resultado sentará precedente en otros dos expedientes de despidos injustificados que están en la Justicia y que ya han tenido resolución en primera instancia. La primera, a favor del ente regulador y la segunda, en contra. Esta última establece el pago de unos 6 millones de pesos para el trabajador (ver Recuadro).

Según explicaron fuentes judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación definió un recurso extraordinario planteado por Navarro de Eguía para que la Corte local acepte estudiar su juicio de despido, el cual ya tuvo los fallos en contra de primera y segunda instancia. En la resolución, el tribunal nacional señaló que la abogada debe ser considerada como una empleada estatal y no como una privada. Pero ese punto es solo una parte de la causa, por lo que la Corte local debe analizar el resto de los detalles del caso.

En Fiscalía de Estado indicaron que por ese motivo todavía tienen chances de pelear y ganar el juicio. Es que señalaron que el dictamen de la Corte Suprema no tuvo en cuenta que el artículo 6 del Convenio Colectivo de Trabajo, que establece la estabilidad propia para los trabajadores, está derogado, por lo que no rige para el caso de Navarro de Eguía. Las fuentes indicaron que el EPRE tiene cómo demostrar que esa norma está extinta y que será Fiscalía de Estado quien hará la presentación correspondiente, una vez que le toque hacer su descargo como parte querellante de la causa. Es más, la posición de la empresa que regula la energía local quedó reflejada en una solicitada publicada en los medios donde asegura que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló partiendo de considerar como vigentes cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo expresamente modificadas, no vigentes al momento del inicio y finalización de la relación laboral".

Sin embargo, hay especialistas en la materia que sostienen que el fallo de la Corte Suprema es claro y no deja lugar a dudas, por lo que el nuevo dictamen del tribunal local debería contemplar la restitución de Navarro de Eguía a su puesto y en consecuencia, a que perciba una indemnización millonaria por los sueldos impagos desde 1998 a la fecha.

Quienes deberán analizar todas las actuaciones y definir si Navarro de Eguía estuvo bien despedida es la Corte de Justicia de San Juan, con una particularidad: hay tres de sus miembros que no podrán participar porque ya lo hicieron en instancias anteriores. Son los casos de Adolfo Caballero, Ángel Humberto Medina Palá y Guillermo De Sanctis. Este último intervino en la causa cuando fue Fiscal de Estado. Así, el cuerpo será otro: con la presidencia de Abel Soria Vega (ver Dato).

Por otro lado, fuentes calificadas indicaron que el análisis de la causa por parte de la Corte local llevará su tiempo y estiman que recién podría haber una definición antes que finalice el año.
 

Las otras causas contra el EPRE

Al igual que Navarro de Eguía, los abogados Martín González y Pablo Moya interpusieron demandas por despidos injustificados en el EPRE. González tuvo un fallo a favor por parte del titular del Cuarto Juzgado del Trabajo, Federico Soria. El magistrado entendió que el despido fue ilegítimo y sin motivos, por lo que ordenó que el agente sea reincorporado y que el organismo le pague los sueldos que dejó de percibir por años. En cuanto a Moya, el juez del Segundo del Trabajo, Miguel Licciardi, falló en contra del extrabajador. Ambas sentencias fueron apeladas.

Nuevo Tribunal

Los magistrados que tendrán que analizar el caso de Navarro de Eguía son el cortista Soria Vega y el camarista Civil Juan Jesús Romero. En un principio también estaba Roberto Pagés, pero fue recusado por Fiscalía de Estado, por lo que ahora se deberá asignar un reemplazante y así completar la composición.