Licitación. Las compulsas de precios de obra pública, como la instalación de cañerías para dar agua potable a la Difunta Correa, no están contempladas dentro del proyecto enviado a Diputados. Dichas licitaciones se rigen con su normativa.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda que conduce Roberto Gattoni, envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Contrataciones del Estado, que apunta a dar un vuelco de 180 grados para la adquisición de bienes y servicios de la administración central. Con la nueva norma, el Gobierno busca ahorrar más a la hora de llevar adelante una licitación, ya que podrá adquirir un producto determinado en grandes cantidades para todas las reparticiones. Además, lo podrá hacer de forma rápida, incluso, a través de internet, lo que permitirá tener más competencia y un mayor control sobre los gastos y bienes que adquiere. La iniciativa espera ser sancionada este mes, después de 60 años de vigencia de la antigua ley Contabilidad, y su reglamentación será por etapas durante 2020.

El proyecto está enmarcado dentro del programa de modernización del Estado que lleva adelante la gestión uñaquista y que ayer tuvo otra etapa (ver recuadro) con el lanzamiento del Sistema Integral de Personas (Sipe). La ley de Contrataciones recaerá sobre todos los bienes y servicios que necesita el Ejecutivo, tales como limpieza, mantenimiento, seguridad, servicio de ambulancias, materiales de oficina y combustibles, entre otros. Se trata de todo lo que no incluye obras de infraestructura, ya que las mismas se rigen por la Ley de Obras Públicas. Un ejemplo del cambio consiste en que hoy cada una de las reparticiones, entre ministerios y secretarías, lleva adelante su propia contratación de productos, incluso con precios diferentes para el mismo bien. Así, el Estado busca unificar necesidades y llevar adelante una misma compra para luego distribuir dicho producto de acuerdo a las necesidades de cada dependencia.

Entre los cambios centrales que propone el proyecto aparece la creación de una Oficina Central de Contrataciones. La misma ya está en funcionamiento y su tarea es concentrar la información de las distintas áreas del Ejecutivo para "armar planes globales de contratación, definir un catálogo de bienes y servicios, mejorar el Registro Único de Proveedores, obtener un registro de transacciones, llevar un control y armar precios de referencia para cada uno de los productos a adquirir", indicó el ministro Gattoni. A su vez, cada área ejecutiva tendrá una Unidad Operativa, que tendrá la tarea de enviar el plan anual de necesidades a la Oficina Central.

Por otro lado, con la Ley se podrán hacer subastas electrónicas en tiempo real. Esto es que, por un producto determinado, el Ejecutivo podrá llamar a una competencia de precios en un tiempo límite, permitiendo a los oferentes ver los valores de su competencia y modificar las ofertas realizadas, lo que permitirá, en principio, generar ahorros a través de la compulsa de precios. Para aplicar ese sistema, la cartera de Hacienda está trabajando en la puesta en marcha de un portal de Compras Públicas, sitio web que se espera esté en funciones el año que viene.

Según explicó la secretaria de Hacienda, Marisa López, "otro de los beneficios de la nueva ley es que habrá modificaciones en el Registro Único de Proveedores". El sistema actual permite aplicar sanciones a aquellos proveedores que están en falta con el Estado, por ejemplo, al entregar mal un servicio o producto, al hacerlo fuera de tiempo o no realizar la entrega acordada. Una de las complicaciones actuales, y que se eliminarán con la sanción de la norma al tener un sistema integrado, es que esa sanción sale de cada área, por lo que ese proveedor sancionado puede seguir prestando servicio en otra repartición.

Las contrataciones que realiza el Estado se rigen por una ley de hace 60 años. Habrá un listado de precios de referencia. Cada área sabrá el valor estimado de cada bien.


Sistema Integrado de Personas y Oficio Cero

En Casa de Gobierno y con la presencia de los titulares de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo lanzó el Sistema Integrado de Personas (Sipe), el cual permite implementar un padrón único de personas humanas y jurídicas que servirá de base de datos para todas las dependencias del Estado, como la Dirección de Mutualidades, de Cooperativas, Personería Jurídica, Registro Público de Comercio y Culto y ONG.

El Sipe permitirá agilizar trámites. A su vez, las autoridades lanzaron el Oficio Cero, un sistema informático que unificará la comunicación entre el Poder Judicial a la Dirección de Recursos Humanos, lo que ayudará reducir unos 1.800 expedientes al año, dijeron en el Gobierno.


Etapas
 

La secretaria de Hacienda, Marisa López, indicó que una vez que la ley de Contrataciones del Estado sea sancionada, su implementación será inmediata. Aunque habrá ítems que deberán esperar a la ley de reglamentación y que se instrumentarán por etapas. Uno de los rubros que se trabajará en 2020 será la subasta electrónica o remate público.