La entrega de créditos blandos del IPV para la construcción y ampliación de viviendas superó su mejor marca durante 2017. Con ese balance, las autoridades decidieron triplicar la partida en ese rubro en el presupuesto para este año con respecto al que pasó. Así, de 66 millones subió a 200 millones de pesos.

La cifra revela la fuerte apuesta de la gestión uñaquista en la llamada operatoria individual, que está destinada a la clase media que puede gestionar y devolver un préstamo accesible. Los números demuestran el interés y el crecimiento, ya que el promedio de créditos que se entregan por año es de 250, pero 2017 cerró con un valor muy superior: 350 beneficiarios, un 40 por ciento más de lo habitual. Desde el IPV se muestran optimistas y prevén que inclusive la cantidad aumentará durante este año, dado que estiman adjudicar 150 préstamos más, para llegar a un total de 500. Esa valoración es la que ha quedado reflejada en el presupuesto 2018, con la aclaración de que si hay una demanda mayor, el Ejecutivo tiene y está dispuesto a aportar recursos extras para hacer frente al requerimiento.

Según indicó el titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Juan Pablo Notario, la Operatoria de Asistencia Financiera Parcial Individual "ha crecido considerablemente desde la mitad del año que pasó, en un 40 por ciento. Uno de los motivos es porque incrementamos el monto. Ahora, el máximo es de 900 mil pesos, pero además se debe a que mejoramos mucho el sistema para obtener el crédito, haciéndolo mucho más directo y rápido". Además, el funcionario recordó que también en 2017 se pusieron en marcha los préstamos para la ampliación de vivienda con 540.000 pesos para edificar un comedor, la cocina, el lavadero, dormitorios o un baño.

El balance de 2017 y lo planificado para este año lo dio a conocer el subinterventor del IPV, Daniel Gimeno, quien indicó que "originalmente el presupuesto para la operatoria individual del año que pasó ascendía a 66 millones de pesos, pero esa cifra fue rápidamente alcanzada dada la cantidad de créditos que se han entregado. Por eso se incorporó una partida extra y ese valor terminó cerrando en casi el doble, en 120 millones de pesos". Para este año, la cifra es mucho mayor desde lo presupuestado, dado que asciende a los 200 millones de pesos, un 66 por ciento más con respecto a lo ejecutado. Y con la posibilidad de que se agreguen más recursos si hay mayor demanda.

La operatoria es una alternativa de crédito barata para aquellos beneficiarios que cuentan con un terreno para edificar. Está compuesta de dos líneas, una a 20 y otra a 30 años, con un máximo financiable que va desde los 636 mil hasta los 900 mil pesos, dependiendo de los ingresos del grupo familiar solicitante: 22 mil pesos para el primero y hasta 33.500, y 18 mil pesos a 28.400 mil pesos respectivamente. El crédito tiene una tasa de interés de hasta el 6,5% anual y sirve para la financiación del 80 por ciento de la casa, con una superficie máxima de 120 metros cuadrados cubiertos. Además es clave en la provincia, porque moviliza el sector económico de las Pymes y la construcción. Quienes se ven beneficiados con los préstamos contratan mano de obra directa para edificar su vivienda y compran los insumos en un radio cercano a donde estará su casa, potenciando los comercios del rubro.

Si bien la operatoria ha crecido en la cantidad de interesados, desde el IPV indicaron que por el momento no va a sufrir un incremento. Además, recordaron que ya están en marcha otros programas clave como el de regularización dominial y el banco de terrenos (Ver aparte).

Regularización dominial 

En conjunto con el Ejecutivo nacional, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ha puesto en marcha el programa de regularización dominial de la vivienda familiar. El plan está orientado a dar escritura a todas a aquellas familias que no cuentan con un título de su propiedad. Para eso, el IPV ha dispuesto un equipo de trabajo integrado por especialistas, como agrimensores, escribanos, asistentes sociales y personal administrativo. El grupo de tareas recorre cada uno de los barrios construidos por la repartición, verifica que quien viva en esa solución habitacional sea el adjudicatario y si no tiene la escritura, le inician los trámites correspondientes para que pueda contar con ella.

Según el acuerdo, los gastos para generar la escritura estarán en manos del Estado, con un 70 por ciento a cargo de la administración nacional y el resto, en manos del Ejecutivo provincial.

De acuerdo a la información recabada de un relevamiento preliminar, en San Juan hay unas 70 mil casas ejecutadas desde el IPV y más de la mitad no tiene escritura.