A días de ponerse en marcha el sistema acusatorio en el fuero penal, saltó una alerta debido a que una acordada de la Corte de Justicia violaría una ley que fue impulsada por el propio Poder Judicial y que repercute en los jueces de Flagrancia. Es que, según la resolución interna del máximo tribunal, estos magistrados deberán "entender" en el cúmulo de procesos pendientes de resolución del esquema tradicional (llamado inquisitivo mixto), cuando la norma 1.993-O establece que dichos expedientes serán distribuidos entre los jueces que específicamente quedaron a cargo de tramitarlos, que son dos Correccionales y dos de Instrucción, explicaron fuentes judiciales.

En la Corte prefirieron no hablar del tema y lo que se vislumbra es que, si algún juez de Flagrancia resolviese una causa "residual" del viejo sistema, podría desencadenarse un planteo de nulidad, deslizaron abogados que prefirieron el anonimato.

El máximo tribunal dispuso que el 26 de este mes arranque el sistema acusatorio, en el que la investigación de los delitos pasará a manos de los fiscales, mientras que los jueces serán contralores de las garantías constitucionales de los imputados y los encargados del juzgamiento. A la par seguirá funcionando el mecanismo tradicional, en el que el juez de primera instancia investiga y procesa, aunque con menos delitos, ya que una tanda será absorbida por el nuevo procedimiento (Ver aparte). Así, dos magistrados Correccionales y dos de Instrucción seguirán con las nuevas causas que se vayan generando, como lesiones, hurtos, robos simples y agravados, además de tramitar los casos que tienen de arrastre. Como tres magistrados Correccionales y tres de Instrucción pasaron al acusatorio, sus expedientes (unos 10 mil, según los cálculos) serán llevados por el equipo de profesionales que integra la Unidad Conclusiva de Causas.

En ese último punto aparece la polémica. La ley de implementación del acusatorio, en su artículo 31, dispuso que los expedientes que se tramitaban en los juzgados que fueron disueltos, "serán redistribuidos sobre la base de un criterio de compensación a los restantes juzgados de igual competencia". Según las fuentes, se trata de los tribunales que quedaron en el viejo sistema, a cargo de Carolina Parra y Mónica Lucero, en lo Correccional, y Guillermo Adárvez y Mabel Moya, en Instrucción.

Sin embargo, la Corte sacó el 26 de enero el Acuerdo General 18, en el que, en su punto 5, estableció que, a partir de la efectiva implementación del acusatorio, "los jueces del Procedimiento Especial de Flagrancia entenderán, además, en los procesos gestionados por la Unidad Conclusiva de Causas". Las fuentes sostienen que ese ítem de la resolución es ilegal, ya que va en contra de la ley 1.993-O. Es que la norma habla del reparto de expedientes a juzgados de igual competencia, cosa que los de Flagrancia no la tienen, dado que tienen una competencia parcial. El artículo 73 del nuevo Código Procesal Penal, el que entrará en vigencia y contiene la investigación fiscal, señala que "los jueces de Flagrancia son competentes para conocer y juzgar en los supuestos de flagrancia". Estos son ciertos delitos cuyos autores son atrapados infraganti.

Y, aunque los magistrados de Flagrancia subrogan a los Correccionales y de Instrucción, las fuentes señalan que el problema es el artículo 31 de la ley 1.993-O, que indica que las causas deben ser instruidas por jueces de igual competencia, cosa que los de Flagrancia no tienen.

Continuidad

Los jueces Correccionales y los de Cámara que, a la fecha del inicio del acusatorio, estén en condiciones de hacer juicios y su actuación esté confirmada, deberán realizarlos, sin importar en qué mecanismo se encuentren.

Inicio

La presidente de la Corte, Adriana García Nieto, había informado que el sistema acusatorio comenzará el 26 de este mes. En ese marco, también se inaugurará la refuncionalización del edificio 25 de Mayo.

Nuevo funcionamiento

Con el tradicional esquema inquisitivo mixto, un juez, en un turno de 15 días, investiga absolutamente todos los delitos, por lo que se ve desbordado de expedientes y resuelve aquellos con detenidos, lo urgente y lo de impacto social. Así, el resto, en su mayoría, queda en la nada. De hecho, según las estadísticas de la Corte, el nivel de resolución de casos apena roza el 9 por ciento.

Con el sistema acusatorio, habrá cuatro Unidades Fiscales de Investigación (UFI), con sus respectivos magistrados, que investigarán las causas de acuerdo a sus respectivas especializaciones. Así, la UFI Cavig tramitará los casos de violencia intrafamiliar y de género. La UFI Anivi instruirá los casos de abusos sexuales contra menores, mientras que la de Delitos Especiales llevará adelante los asesinatos, los homicidios culposos (accidentes de tránsito) y los delitos de funcionarios contra la administración pública. También se encuentra la UFI Flagrancia, la cual viene funcionando desde agosto de 2017 y comprende a los hechos delictivos cuyos autores son atrapados infraganti.