A la espera. Entre los acusados, hay exmilitares que están detenidos en el Penal de Chimbas, como Jorge Olivera, algunos tienen prisión domiciliaria y otros se encuentran alojados en otras provincias, como Gustavo De Marchi.

Los jueces Sergio Paduczak, Gabriel Nardiello y Guillermo Friele darán a conocer hoy a las 11 otra resolución histórica sobre los delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en San Juan. La decisión es trascendental, ya que afectará a 16 acusados, entre los que se encuentran los integrantes de la patota represiva de los años de plomo, con Jorge Olivera a la cabeza como jefe de Inteligencia. De los implicados, el fiscal federal Francisco Maldonado pidió perpetua para 12, otras penas para tres y la absolución para uno de ellos. Además, el llamado segundo megajuicio contuvo los expedientes de poco más de 200 víctimas, entre los que se encuentran los casos de personas desaparecidas.

La lectura del veredicto de los magistrados se llevará a cabo en la sede del Tribunal Oral Federal. Se trata del segundo proceso contra represores, ya que el primero concluyó en julio de 2013. En esa ocasión, los jueces condenaron a Olivera, Osvaldo Martel y Horacio Nieto a prisión perpetua, mientras que Gustavo De Marchi, Francisco Del Torchio y Daniel Gómez recibieron una pena de 25 años de prisión. El que recibió el castigo más leve fue Alejandro Lazo, con 10 años de cárcel. Además, después se realizará otro megajuicio, el cual contendrá tres grandes causas en las que hay 36 procesados.

En el juicio que se resolverá hoy, el fiscal solicitó la prisión perpetua para los exmilitares Olivera, De Marchi, Martel, Gómez, Del Torchio, Eduardo Cardozo, Rubén Arturo Ortega, Juan Carlos Coronel y Eduardo Vic, quienes conformaron el grupo de tareas, la unidad responsable de que se cometieron delitos como privaciones de la libertad, tormentos, desapariciones, homicidios y hasta abusos sexuales.

Maldonado también solicitó el mismo castigo para José Hilarión Rodríguez, excomisario a cargo del departamento de inteligencia policial D2 y delegado de la ex SIDE; su subordinado en el D2, Juan Carlos Torres, y el oficial militar Juan Carlos Méndez Casariego. En el caso del entonces oficial de la Guardia de Infantería de la policía sanjuanina, Nicolás Dalmacio Manrique, pidió 15 años de cárcel por su omisión en mantener seguros a cuatro detenidos un año antes del golpe de Estado, quienes fueron salvajemente torturados, al punto de que dos mujeres fueron violadas. En el planteo fiscal figuró el agente de la Policía Federal Juan Alberto Aballay, con 12 años de prisión por ser el autor del secuestro de un estudiante universitario. Y además se encuentra el oficial militar Elías Lucio Arancio, con 12 años de cárcel por interrogar bajo torturas a un detenido. En cambio, sobre Pedro Eduardo Blanco solicitó su absolución.