El plan de la administración macrista de bajar a 14 años la edad de imputabilidad de los menores despertó diferencias entre referentes políticos de todo el país y San Juan no fue la excepción.

Las posturas divididas quedaron reflejadas en un relevamiento que hizo este medio con los senadores y diputados nacionales que representan a la provincia.

Roberto Basualdo, Eduardo Cáceres y Graciela Caselles se manifestaron a favor de la iniciativa, mientras que Marina Riofrío, Daniela Castro y Florencia Peñaloza se mostraron en contra. Por otro lado, Ruperto Godoy y José Luis Gioja no tuvieron una posición definida y Alberto Tovares no contestó los llamados.

Además de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la propuesta plantea la discusión de un Régimen Penal Juvenil (ver claves). La idea del macrismo es que el tema sea debatido por todas las fuerzas políticas y diversas organizaciones en el transcurso del año para que sea tratado en 2018. 

La propuesta fue respaldada por el líder del PRO en San Juan, el diputado Cáceres, al igual que el senador Basualdo, socio del macrismo tanto a nivel nacional como local. La que también se sumó a la iniciativa anunciada por el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, fue la bloquista Caselles.

La más crítica en bajar dos años la imputabilidad en menores fue Riofrío, senadora del Frente para la Victoria (FPV), quien argumentó que la medida no ayuda a atacar el problema de fondo. La diputada Castro, del mismo espacio, también expuso su rechazo apuntando a la falta de un Régimen Penal Juvenil.

En el mismo sentido se expresó Peñaloza, la representante del moyanismo e integrante del frente massista en San Juan, quien manifestó que la baja en la edad sería un error si es encarada individualmente. 

Los que no mostraron posición definida fueron Gioja, presidente del PJ nacional, y el kirchnerista Godoy. Ambos dijeron que hay otras prioridades a discutir.

 

DANIELA CASTRO - Diputada Nacional
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“No estoy a favor de bajar la imputabilidad, pero sí del Régimen Penal Juvenil, que es una deuda de Argentina. Bajar dos años o no la imputabilidad me parece que no hace a evitar los delitos o la gravedad de los delitos, porque todo eso pasa por la educación, por la contención y pasa por combatir la pobreza”.

 

RUPERTO GODOY - Senador
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“Es un tema que tenemos que poner en discusión y debatirlo, más allá de la baja o no de la imputabilidad. Habrá opiniones encontradas, pero por lo pronto tenemos que poner en marcha un régimen que hoy no existe. Después discutiremos si corresponde o no la baja de la edad. Hoy hay otras prioridades de la sociedad que hay que discutir”.

 

EDUARDO CÁCERES - Diputado nacional
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“Estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad de los menores porque hoy, de cada diez familias que son víctimas de un hecho delictivo, uno es cometido por jóvenes de entre 14 y 16 años. Ponerle un freno a quien delinque es salvar a esa persona, pero es salvar principalmente a la sociedad.  <

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FLORENCIA PEÑALOZA - Diputada nacional
 

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“Bajar por bajar la imputabilidad no va a resolver el problema de la inseguridad. La reducción de la misma tiene que ir acompañada de un Régimen Penal Juvenil. No se puede disminuir la edad sin un proceso de prevención y de reinserción para esos menores. No tiene sentido bajar a la edad que sea si no hay educación”.  <

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JOSÉ LUIS GIOJA - Diputado Nacional
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“Creo que siempre es mejor prevenir que curar. En vez de condenar a mansalva a niños y a adolescentes, lo que tenemos que hacer entre todos es tratar de prevenir, con educación, con buena calidad de vida y un avance social importante. Tenemos que ser muy equilibrados y todos tenemos que trabajar y mucho”.

 

ROBERTO BASUALDO - Senador

 

“Siempre hemos comparado lo que sucede en otros países, sobre todo alrededor de Argentina. En la región, somos los que más alta edad de imputabilidad tenemos. Hay que trabajar sobre los chicos que delinquen con tratamientos. Pero si el delito es grave, la imputabilidad tiene que bajar. Es un buen proyecto”.  <

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GRACIELA CASELLES - Diputada nacional
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“Es un momento donde hay que tomar decisiones. Estoy de acuerdo con que se baje la edad, pero con un proceso de recuperación para los menores. Es necesario legislar un Régimen Penal Juvenil que sea educativo. Esto es muy triste porque estamos pensando en jóvenes de 14 años que delinquen”.

 

 MARINA RIOFRÍO - Senadora 

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“No estoy de acuerdo para nada. Cuando un niño comete un delito, además de victimario, es víctima, ya que es una criatura sin contención familiar ni del Estado. Es un tema que pone el Gobierno nacional para polemizar cuando hay otras cuestiones a atender, como los despidos, la inflación y el aumento de la pobreza”.

 

CLAVES 

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1 Durante el 2016, el Gobierno comenzó a trabajar para la elaboración de un proyecto para crear una nueva ley penal juvenil. La Comisión para la Redacción de este proyecto va a trabajar en el ámbito de la Subsecretaria de Política Criminal, a cargo de Martín Casares.
 

2 La intención oficial es bajar la imputabilidad de 16 a 14 años, abriendo la discusión este año, pero con la idea de tratar un proyecto de ley en 2018. Una modificación clave tiene que ver con las cargas de la prueba: que de 14 a 16 sea el fiscal el que deba demostrar que el joven comprendía la criminalidad del acto; y que de 16 a 18 sea la defensa la que deba probar que no la comprendía.

 

3 Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, explicó que no se va a meter preso a un chico por un hurto común. Sino que se va a tener en cuenta para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas. La idea es que de concretarse una nueva ley sirva para reinsertar a esos jóvenes. Para eso está planteado reformular los institutos de menores, dotándolos de más presupuesto.

 

4 El Gobierno trabaja en constituir grupos entre las instituciones para que todas las provincias cuenten con algún sistema de monitoreo de las condiciones de detención y tratamiento socio educativos de los jóvenes en conflicto con la ley. La idea es que el mecanismo esté orientado a que los menores puedan tener una función constructiva dentro de la sociedad.