Hubo debate esta semana entre los abogados que trabajan en Tribunales y los que merodean habitualmente ese "palacio". Dos cuestiones sobresalieron, el traslado de la Ciudad Judicial al límite con Chimbas y la jugada de cuatro viejos ministros de la Corte para dejar al quinto integrante de ese cuerpo colegiado, Guillermo De Sanctis, sin la presidencia del tribunal por un buen tiempo.

Lo de la mudanza los pinta de cuerpo entero: diez años estuvieron para darse cuenta de que el edificio al que querían trasladarse no servía, situación que expuso la pachorra en la que viven. Y lo de la presidencia es tragicómico: si se apegaran a la Ley Orgánica de Tribunales, no podrían haberse opuesto jamás a que Humberto Medina Palá continuara como presidente también este año, pero lo hicieron y, de paso, mandaron a la cola al nuevo.

¿Cómo? Todo indica que el orden sucesorio que han dispuesto ha mandado a De Sanctis como vagón de cola, cosa que bien pudo haberse evitado sólo con la predisposición de ellos mismos. Quienes transitan con frecuencia los juzgados aseguran que la lucha por la presidencia de la Corte es una cuestión infantil e inexplicable porque no ofrece demasiadas ventajas institucionales, salvo el privilegio de tener un policía que los sigue a todas partes, firmar comunicados y el uso exclusivo de un automóvil Renault Fluence que sólo puede ser ocupado por el presidente. Así estamos.

El artículo 10 de la Ley Orgánica de Tribunales es tan clara que no hay forma de interpretarla de manera errónea: "En ausencia o impedimento del Presidente, lo reemplazará provisionalmente el Ministro que le correspondiere sucederle. Cuando el reemplazo se produzca por causa de fallecimiento, renuncia o cesación definitiva, y el Ministro encargado de sucederle hubiese comenzado después del 30 de septiembre, el Ministro continuará en ejercicio de la Presidencia".

Es decir, y para ponerle nombres propios a ese vericueto, Medina Palá asumió la presidencia reemplazando a Carlos Balaguer, con licencia por enfermedad desde principios del año pasado. Medina Palá sostiene que 2016 no es el período que le tocaba a él ya que su presidencia recién debía arrancar en marzo de este año, según el orden preestablecido con anterioridad incluso a la enfermedad de Balaguer. Y por lo que se lee en ese artículo, no hay forma de interpretar distinto lo que el abogado venía diciendo. La renuncia de Balaguer fue aceptada en abril del año pasado, es decir, mucho antes del 30 de septiembre, la fecha fijada por la Ley Orgánica de Tribunales para poner orden en estos temas.

Medina Palá había dicho que si no continuaba en la Presidencia se retiraba este año, por tanto hay varios en Tribunales que interpretan que el resto de los ministros de la Corte le sacaron la presidencia a Medina Palá para empujarlo a la renuncia, y de esa forma abrir una nueva vacante en la Corte, cuestión muy esperada en el Gobierno y, por qué no decirlo, en toda la comunidad legal de la provincia. Es pocas palabras, convirtieron a Medina en "carne para los leones". "Dos vacantes en dos años sería algo soñado", dijo alguien con conocidos en el PJ y también con roces e influencias en el mundillo de Tribunales.

Lo que vino después fue aún peor: el artículo 10 continúa diciendo: "y nombrado el Presidente se determinará por simple mayoría de votos de los miembros presentes, el orden en que deben figurar los demás miembros que integran la corte, para ocupar la Presidencia". Por los lugares que ocupan en los juramentos y un par de acordadas que ya firmaron, se puede asegurar que el orden ya estipulado para las presidencias sería así: Ángel Humerto Medina Palá hasta el último día de febrero de este año, después vendrán Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y al final Guillermo De Sanctis, el recién asumido.

Si bien el artículo 10 dice que la presidencia será ejercida "por turno por cada uno de los Ministros comenzando por el de mayor de edad y en caso de igualdad de ésta por el de mayor antigüedad" también dice que pueden ponerse de acuerdo por simple mayoría de votos, pero no. Con el orden que han armado van a ejercer la presidencia cada cuatro años, porque por ejemplo Adolfo Caballero la tuvo en el año 2013 y la volverá a tener en este 2017, luego le tocará a Caballero Vidal, quien la ejerció en 2014 y así sucesivamente cada uno de ellos.

Si el sentido común primara en el máximo tribunal, De Sanctis debió ser presidente este año y de esa forma se respetaba la cadencia de los períodos presidenciales, que deberían ser de cinco años porque son cinco los integrantes. Con este enroque, van a dejar pasar solo tres años y al cuarto volverán a ejercer el máximo cargo.

Para colmo de males todo este lío es por casi nada. Un custodio, tal vez mover personal de un sitio al otro y el uso exclusivo de un vehículo, son los beneficios por lo que se pelean. Lo del auto es la mayor tragedia que escuché en mucho tiempo. Hay cinco vehículos, uno para cada uno de ellos, pero usan el que está disponible.

El único que no puede usar nadie es el Renault Fluence que sólo está a disposición del presidente del cuerpo. Una locura. Lo que buscan es el sillón, la membresía, el estatus, el poder, la careta, dijeran los chicos.

Lo de la Ciudad Judicial es también una tragedia que habla de la falta de ganas de hacer cosas, de avanzar, de convertirse en referentes. Estaba la plata, estaba el acuerdo político, pero tuvieron que ser fieles a lo que son y no hicieron nada. Ojalá que con esta nueva idea de llevar la Ciudad Judicial a la zona norte de Capital no se atrasen y se concrete.

Suena extraño que De Sanctis no se haya dado cuenta de la jugada con la presidencia de la Corte, más bien es probable que haya dejado pasar el trago ya que por delante hay mucho trabajo más importante que hacer. Va a ser muy difícil que él solo pueda cambiarle la cara al Poder Judicial, va a necesitar aliados, dos aliados, para ser precisos. Probablemente esté en ese trámite y haya dejado para después este debate innecesario e infantil. Ojalá así sea.