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La Corte de Justicia presentó dos proyectos para la creación de cinco nuevos cargos de fuste en la Justicia sanjuanina. El viernes de la semana pasada corrió la comunicación a la Cámara de Diputados de la Provincia. En el plenario de comisiones de la Legislatura, que definió la fecha de sesión extraordinaria para el martes 24 de febrero, hubo un comentario sobre la posibilidad de tratar el pedido del máximo tribunal sanjuanino sobre tablas.
Si bien la idea es avanzar con la demanda del Poder Judicial, las autoridades de la Cámara aguardan un llamado de los cortistas para poner primera o, sencillamente, esperar hasta las ordinarias de abril. En tal caso, la petición de la Corte deberá pasar por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Justicia y Hacienda.
El viernes, en el temario legislativo, ingresaron dos comunicaciones oficiales remitidas por el Poder Judicial que contemplan la creación de nuevos cargos en la estructura judicial provincial. La Corte propone, por un lado, la incorporación de un asesor u oficial de Menores e Incapaces para la Segunda Circunscripción Judicial. Además, en un segundo expediente, impulsa la creación de dos cargos de magistrados de Primera Instancia del fuero Familia para la Primera Circunscripción Judicial, junto con un juez de Paz Letrado y un magistrado de Primera Instancia para la Segunda Circunscripción.
La Corte entendió que es el momento de reforzar el funcionamiento de los juzgados y atender la creciente demanda en distintas jurisdicciones. Eso no implica la creación de nuevas estructuras, sino sólo el nombramiento de los jueces y asesores. “Es lo bueno del sistema de Gestión Asociada -o Colegio de Jueces- con la Oficina Judicial, que ya tiene el soporte administrativo sin necesidad de contratar más gente”, dijeron fuentes ligadas al máximo tribunal. Ergo, el OK en Diputados no significaría una erogación significativa de dinero de las arcas públicas como en el pasado.
Existen indicios para interpretar que la Legislatura debatirá dar luz verde a los nuevos cinco cargos el mismo martes. Es el anticipo de la gran rosca judicial que afrontará el Consejo de la Magistratura -órgano extrapoder bajo la órbita del Poder Judicial encargado de la confección de ternas para la elección de jueces, fiscales y asesores- y la Cámara. En el caso de la Legislatura, el punteo para la concreción de los nombramientos está rezagada. Todavía no está claro quién será el nuevo integrante de la Sala IV de la Cámara Civil en reemplazo de María Josefina Nacif, que se jubiló en agosto.
Los tres profesionales que están en la consideración de la Cámara son: los jueces de Familia, Marianela López y Esteban De la Torre, y el empleado de la Fiscalía de Estado, Javier Pacheco Aguiar. ¿Hay un favorito para el puesto? Aparentemente, De la Torre tiene la simpatía del oficialismo provincial. Pero necesita de los votos del aliado bloquista para el nombramiento. Justamente, en la previa incluso al armado de la terna, el partido de la estrella ya tenía cierto compromiso con López. Ahora, en las negociaciones, está en planteo del cambio en la intención de los votos.
Por ahora, la cuestión del camarista civil está trabada y, aunque se esperaba el debate en la extraordinaria, hubo una postergación para más adelante. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura puso en marcha el primer concurso judicial del año para cubrir tres vacantes de alto impacto institucional: un juez de Cámara en la Cámara de Apelación Laboral (Sala II), un fiscal de Cámara y un Asesor de Menores e Incapaces, este último creado por la Ley Provincial 1993-O.
Las vacantes que se concursan no son menores. En el caso del camarista laboral, el lugar quedó disponible tras la designación del exjuez Guillermo Baigorrí como fiscal General. La Fiscalía de Cámara, en tanto, quedó vacante luego de la jubilación de Leticia Ferrón. Quien resulte designado podrá ser asignado a la competencia Civil y Laboral o bien actuar ante el Tribunal de Impugnación Penal. El concurso también incorpora el cargo de Asesor de Menores e Incapaces, correspondiente a la Asesoría Oficial N°6, una vacante que se encontraba sin titular.
El proceso es conducido por el órgano que preside el cortista Juan José Victoria, y que integran Raúl Acosta y Valeria Torres en representación de la abogacía, la ministra de Gobierno Laura Palma por el Poder Ejecutivo, y la diputada peronista Fernanda Paredes por el Poder Legislativo. Son los que tienen en sus manos dar el cedazo a los inscriptos después de las entrevistas.
Hay un rumor sobre un supuesto preferido para el cargo de camarista laboral: el abogado Roy Kirby, esposo de Torres. Sería una devolución de gentilezas después que la profesional -ligada al justicialismo- votó por Baigorrí en la terna para la jefatura del Ministerio Público. Pero primero debería presentarse efectivamente al concurso. Hay que esperar al periodo del 2 al 6 de marzo, que son las fechas de inscripción.
Ahora la cosa se pone seria porque, en total, entre los nuevos a crear y las vacantes a cubrir, la Legislatura tiene que designar a nueve funcionarios judiciales. Un racconto rapido: los cinco que pide la Corte, el camarista Civil, el camarista Laboral, el fiscal de Cámara y el asesor oficial N°6. No es la primera vez que los diputados afrontan una batería de nombramientos, pero en una Cámara con un oficialismo que requiere de los aliados y de la fragmentación peronista, la rosca se pone interesante. Todos los sectores partidarios, con seguridad, ingresarán en las negociaciones, también lo hará el máximo tribunal y el fiscal General. Parafraseando a Ricardo Lorenzetti, el Poder Judicial es la expresión del interjuego de los tres poderes del Estado.