Entre los elementos de prueba que presentó el fiscal Francisco Micheltorena para imputarle al funcionario judicial Juan Pablo Ortega los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, ejercicio ilegítimo de la profesión e incumplimientos de los deberes de funcionario, figura un expediente en el que se presume que Ortega, su mujer Belén Rodríguez, la funcionaria judicial Claudia Elizondo y la abogada Sandra Cozzi se pusieron de acuerdo para beneficiar a un hombre investigado por un delito sensible: un abuso sexual contra un menor. Según confirmaron fuentes calificadas, habría elementos suficientes para comprobar que entre ellos existió comunicación, incluidos mensajes de texto vía Whatsapp e intercambio de correo electrónico. En el caso de Ortega, su rol perfila a ser más grave ya que, para Fiscalía, quedó en evidencia que tenía conocimiento preciso del estado y avance de una causa de la que no tenía participación y no estaba habilitado para intervenir.

El expediente en la mira es muy similar al que sirvió de base para que Ortega y el resto de las imputadas fuesen denunciadas, con la diferencia que, al parecer, el resultado final no era perjudicar a un acusado de abuso sexual contra un menor, sino favorecerlo. Es que, luego de que el funcionario judicial, su mujer, la jefa de la Unidad Conclusiva y la abogada tomaran participación, el hombre fue sobreseído, resolución que cambió a una falta de mérito por la Sala II de la Cámara Penal, tribunal que intervino por una apelación que realizó la mujer que radicó la denuncia. A las causas de abuso sexual se suma un episodio escandaloso que lo coloca a Ortega como protagonista de haber detenido a una persona "a punta de pistola" (ver Arma de...).    

Según indicó Micheltorena en la audiencia de formalización, la participación de cada uno de los imputados en la nueva causa surgió del análisis del celular y la computadora que le fueran secuestradas a la abogada Cozzi. Según el fiscal, gracias a ese peritaje, quedó comprobado el tráfico de influencias y el nivel de organización entre ellos y que Ortega trabajaba como "un juez tras las sombras", dando órdenes a los instructores de la causa a través de abogados privados. Como ejemplo de ello, el miembro del Ministerio Público indicó que uno de los textos capturados fue el que Ortega le envió a Cozzi, quien había asumido la defensa del hombre acusado por abuso sexual. En el mensaje enviado en febrero de 2021 figuraba: "Sandra, si podés ir a ver a la unidad conclusiva a Claudia Elizondo, pedile que pida al anivi el informe de la causa... (figura el apellido del hombre denunciado por abuso)". Según confirmaron fuentes calificadas, cinco días después de ese pedido, el informe de la audiencia videograbada a la presunta víctima en el centro Anivi fue agregado al expediente con una nota dirigida a la jefa de la Unidad Conclusiva, Claudia Elizondo. Así, todo apunta a que Ortega conocía en detalle el estado de un expediente del cual no estaba habilitado a participar e, incluso, daba órdenes para poder promoverlo, según Fiscalía.

Si bien, en un principio, en los whatsapps no figura la participación de Belén Rodríguez, esposa de Ortega, las fuentes indicaron que dentro de la Unidad Conclusiva de Causas la mujer era quien tenía en manos todos los expedientes de abuso sexual. Otra sospecha que circula es que, cuando ya circulaba en Tribunales que los cuatro imputados iban a ser denunciados por tráfico de influencias, Cozzi renunció a la defensa del hombre acusado de abuso sexual. Incluso, su baja se dio un día antes de la denuncia.

• Arma de fuego

El episodio escandaloso coloca a Ortega como protagonista de haber detenido a una persona "a punta de pistola", según lo que sostuvo Fiscalía en la audiencia de formalización. Fuentes calificadas indicaron que el hecho está en etapa de investigación, pero que habría elementos contundentes como el testimonio de un oficial de Policía. Se trata de la denuncia que realizó Claudia Elizondo contra su expareja (hoy pareja) Sergio Javier Guerrero. Al domicilio llegaron Ortega y Rodríguez, antes que la Policía, y, al parecer, el primero lo hizo con un arma de fuego, la que habría usado para detener a Guerrero.

• Movimiento

Según indicaron fuentes oficiales, luego de que quedó formalizada la investigación contra Juan Pablo Ortega, su mujer Belén Rodríguez y la funcionaria judicial Claudia Elizondo, la Corte de Justicia, que preside Juan José Victoria, dispuso que ambas funcionarias sean trasladadas de la Unidad Conclusiva de Causas a otras áreas dentro del Poder Judicial. Según se supo Rodríguez fue derivada a cumplir tareas administrativas al Ministerio Público de la Defensa, mientras que Elizondo fue trasladada, también a cumplir tareas administrativas, a los juzgados de menores. Ortega sigue asignado a la Segunda Circunscripción Judicial en Jáchal.