A 38 días hábiles de la puesta en marcha de Flagrancia, el sistema de juicios exprés para delincuentes apresados con las manos en la masa, la Corte de Justicia dispuso una serie de medidas para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de defensa de los victimarios, según expresó en una acordada. Los agregados fueron impulsados por el cortista Guillermo De Sanctis, quien aseguró que el objetivo es fortalecer el flamante procedimiento. La decisión se da después de que el máximo tribunal resolviera, a mediados de septiembre, el primer recurso de casación planteado por un abogado particular, en cuyo planteo deslizó críticas a la actuación de la defensa oficial. De hecho, entre los letrados circulaban cuestionamientos hacia los defensores públicos, ya que señalaban una participación débil y una supuesta tendencia para lograr acuerdos con los fiscales en juicios abreviados, en perjuicio de los acusados.

En Tribunales negaron rotundamente tal crítica y vienen señalando que los defensores oficiales están cumpliendo una buena tarea. Para eliminar toda sospecha, las autoridades del Poder Judicial dispusieron cinco acciones cuando se realicen los juicios abreviados. En ese mecanismo, el imputado acepta la responsabilidad del delito, en un acuerdo entre su abogado y el fiscal, a cambio de una rebaja en la pena.

Según trascendió, las medidas quedarán operativas luego de que la acordada sea publicada en el Boletín Oficial. La primera de ellas consiste en generar un registro dentro de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), área que recibe a los detenidos para iniciar los procesos judiciales, en el que quede asentado que se le comunica de manera oficial a los imputados que, de carecer de un abogado, el Estado les brindará ese servicio a través de la defensa oficial durante todo el proceso o hasta que puedan contar con la asistencia de un profesional privado.

Las otras acciones se llevarán a cabo cuando el juicio ya está iniciado. Una estará a cargo del juez, ya que será el que le reiterará al imputado su derecho de designar a un defensor particular. Otro de los puntos es que, de ser posible, los imputados participen del acuerdo que pueda darse entre el agente fiscal y el defensor. Pero de no estar presentes, que el defensor, antes de cerrarlo, le haga conocer al imputado en qué consiste la negociación y al resultado que pueda arribarse. Todo eso debe quedar registrado y debe llevar el consentimiento del imputado.

Una vez llegado a un acuerdo entre las partes, y reanudada la audiencia frente al juez, tanto la defensa como el fiscal le harán saber al magistrado el convenio logrado y ambos deberán fundamentarlo. Al finalizar, el magistrado deberá interrogar al imputado sobre si comprendió cada uno de los puntos del pacto al que llegó su abogado y el miembro del Ministerio Público y si le da conformidad. Todo ello también debe quedar registrado.

Las medidas adoptadas no son menores porque, hasta el momento, ninguna causa iniciada en Flagrancia ha llegado a la instancia final de juicio y todas se han resuelto en la audiencia preliminar, donde las partes llegaron a un juicio abreviado.

El acuerdo al que llegó un defensor oficial con un fiscal fue criticado por abogados que intervinieron después en un caso resonante de Flagrancia. Esa causa derivó en un recurso al máximo tribunal, donde se planteaba una embestida contra el sistema (Ver recuadro).

Tras la acordada, De Sanctis manifestó que las nuevas medidas apuntan a "darle reglas igualitarias a los abogados y a los defensores públicos, y que haya más trasparencia en los acuerdos".

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Además de las medidas, la Corte planea la creación de una comisión para atender a las víctimas. El Ejecutivo ya trabaja en un proyecto para que más delitos sean agregados al fuero de flagrancia.
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Además de las medidas, la Corte planea la creación de una comisión para atender a las víctimas. El Ejecutivo ya trabaja en un proyecto para que más delitos sean agregados al fuero de flagrancia.
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Sentencias

El procedimiento de Flagrancia cumplió 41 días operativo y hasta el momento se han logrado 122 resoluciones, lo que implica que todos los delincuentes que fueron atrapados con las manos en la masa fueron sentenciados.

Apoyo total

Los agregados a Flagrancia fueron firmados por todos los cortistas y por el fiscal General, Eduardo Quattropani. Así, De Sanctis remarcó que el procedimiento tiene todo el apoyo del máximo tribunal.

En septiembre, la sala Penal de la Corte de Justicia sacó un fallo frenando la primera embestida judicial contra Flagrancia, ya que cuestionaba una de las patas del sistema, la defensa oficial.

La presentación la plantearon los abogados Leonardo Villaba y Javier Alonso, que fueron en queja ante el máximo tribunal para que resolviera si aceptaban analizar o no una sentencia. El recurso fue rechazado por decisión mayoritaria del tribunal, con las fundamentaciones vertidas por De Sanctis, a la que adhirió Adolfo Caballero, relegando lo planteado por Juan Carlos Caballero Vidal.

La polémica surgió por una condena de tres años y dos meses de prisión efectiva para Ezequiel Liquitay y Débora Piersantin, dos de las seis personas que robaron en un local comercial en Chimbas. Esa resolución se dio luego de que el defensor oficial de los detenidos Lisandro Zapata y el fiscal Ignacio Antonio Achem llegaran a un acuerdo en la pena en un juicio abreviado, lo que aceptaron los implicados y que el magistrado terminó de convalidar.

Según Villalba y Alonso, que asumieron la representación después de la sentencia, la defensa no se esforzó lo suficiente para lograr un mejor resultado en lo pactado con el fiscal.