Los principales dirigentes del gremio de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano, son investigados por presunta “extorsión” contra empresas mineras de San Juan a las que les reclaman una presunta deuda de más de 457 millones de pesos.

La denuncia fue presentada por las empresas Caleras San Juan, Albors, Cefas, Minera Tea y FGH SA, que denunciaron que el conflicto se originó el 19 de agosto de 2016, cuando el Sindicato de Choferes de Camiones difundió un comunicado en el que “reclamaba a las empresas mineras de San Juan una deuda de $ 457.504.429,24 en concepto de ajustes salariales y aportes a la obra social y al sindicato”. Las empresas rechazaron el reclamo “aduciendo que, de existir aquellas cargas, correspondían a las compañías de transporte que eran empleadoras de los choferes y no a ellos, ya que no los unía una relación laboral directa”.

La respuesta sindical demoró poco más de un mes: “entre el 26 y 29 de septiembre de ese año las plantas de producción ubicadas casi en su totalidad en la provincia de San Juan, a excepción de tres instaladas en Mendoza, Buenos Aires y Córdoba, fueron bloqueadas por integrantes del gremio como forma de presión para compeler al pago”, explica el expediente, al que tuvo acceso DyN.

En ese contexto, el tribunal remitió la causa al Primer Juzgado de Instrucción de la provincia de San Juan, que tiene ahora a su cargo la investigación contra los referentes del sindicato de Camioneros.

Tras aquella medida de fuerza, el 5 de octubre siguiente hubo una reunión en la sede de Camioneros en la Ciudad de Buenos Aires, de la que participaron, entre otros, Hugo y Pablo Moyano; el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac; Jaime Berge, presidente de la Cámara Minera de la provincia, y Pedro Brandi, Mario Henry Brignone, Marcelo Ochoa y Juan Gutiérrez por las empresas caleras. Tampoco allí hubo acuerdo, pese a que, según la denuncia, los Moyano redujeron su pretensión a 150 millones de pesos.

“Hugo Moyano habría dicho: ‘lamentablemente si ustedes no entienden por la vía de la negociación nosotros sabemos cómo tenemos que proceder’‘, y así, “entre los días 17 y 24 de octubre inclusive de 2016, se repitieron bloqueos que se extendieron también a siderúrgicas dependientes de la producción de cal”, explica el expediente. La Cámara del Crimen porteña entendió que “la mayor parte de los actos ocurrieron en la provincia de San Juan, donde incluso se iniciaron actuaciones vinculadas a las interrupciones del trasporte que integran la maniobra”.