Tras 25 días de deliberación, el Jurado de Enjuiciamiento, que condujo el cortista Marcelo Lima, decidió ayer desplazar de su cargo al juez de Jáchal Javier Alonso. Según confirmaron fuentes oficiales, la decisión fue unánime y el principal motivo fue la morosidad injustificada por parte del magistrado que, según quedó demostrado en el juicio de destitución, no emitió ningún tipo de resolución durante el segundo semestre de 2020. Así, Alonso se convirtió en el primer juez en ser destituido por su lentitud en la resolución de causas y el cuarto en salir tras ser denunciado por la Corte de Justicia. Otro punto clave del fallo fue la falta de conducción de Alonso en la Segunda Circunscripción Judicial, lo que llevó, justamente, a que incurriera en un elevado retraso. Si buscara revertir la resolución, el ahora exjuez deberá recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La destitución del magistrado de Jáchal no fue lo único que decidió el Jury, ya que, a pedido del fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, también definió que se extraigan copias del debate y que las mismas sean remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales para que investigue la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de Vanina Siri, secretaria Penal de Jáchal (Ver recuadro).

Las irregularidades en el juzgado de Jáchal salieron a la luz en marzo, cuando la Corte confirmó que había realizado una auditoría, la que había reflejado una situación "delicada" con atrasos importantes, como una inacción en 525 expedientes ingresados en un año. En ese momento, el máximo tribunal le solicitó al juez que responda dicho informe, escrito con el que Alonso no pudo explicar por qué existieron tales demoras. Con ambos elementos, las autoridades judiciales, encabezadas por el presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, lo denunciaron ante el Jury por "morosidad injustificada, incumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta". Luego, tanto el fiscal General como el fiscal de Estado, Jorge Alvo, formularon las acusaciones bajo el mismo tenor, lo que fue aceptado por el Jury en todos sus términos, indicaron las fuentes.

Previo al caso de Alonso, la Corte de Justicia había solicitado que se iniciaran cinco procesos de destitución contra magistrados por diferentes motivos. Uno de ellos no logró concretarse, ya que el juez en la mira se jubiló antes de que se iniciara el debate. Así, quienes salieron por denuncias del máximo tribunal fueron: Carlos Zavalla en 1990, luego de que anulara todo el proceso de la causa El Pinar y los acusados de violar a dos jóvenes quedaran libres. Lucy Rodríguez en 1998, después de que una auditoría revelara que su juzgado, el Cuarto de Instrucción, era un descalabro. Y María Elena Gómez en 2003, por incapacidad física y mental sobreviniente. A fines de los "90, el juez José Nardi, del Tercero de Instrucción, fue denunciado por morosidad, pero evitó el Jury de destitución al jubilarse. Así, Alonso se convirtió en el primer magistrado en ser destituido por retraso injustificado en la resolución de causas.

Durante el Jury, tanto el juez como sus abogados, Marcelo Fernández y Franco Montes, intentaron justificar la morosidad en la falta de empleados y la capacidad de estos, cosa que no quedó demostrada. Su vacante disparará un concurso para buscar su reemplazante.

CLAVES

Decisión

El Jurado de Enjuiciamiento emitió una resolución por unanimidad. Una causal genérica de destitución fue la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Las causales especificas fueron negligencia y morosidad injustificada.

Notificación

Alonso fue notificado ayer por la tarde de la decisión del Jury y, desde ese momento, se hizo efectiva su salida del Poder Judicial. A su vez, el Jury notificó a la defensa del exmagistrado y a los fiscales. También remitió el fallo a la Corte de Justicia.

• Miembros y pedido de investigación

El Jurado de Enjuiciamiento estuvo presidido por el cortista Marcelo Lima, quien estuvo acompañado por la diputada Fernanda Paredes y su colega Juan Carlos Abarca, y el abogado Mario Arancibia y Cristina Pintor.

A pedido del fiscal General de la Corte, el Tribunal decidió remitir parte del debate a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales para que investigue la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de Vanina Siri, secretaria Penal del Juzgado de Jáchal. Durante el debate, la mujer indicó que ella no conformaba los datos estadísticos dentro del juzgado, los que luego eran enviados a la Corte de Justicia, pero existe un documento, que le fue exhibido, que indica lo contrario.

De confirmarse el pedido del fiscal, podría enfrentar un proceso que contempla un castigo que va de un mes a cuatro años de prisión.

Siri fue una de los testigos que se presentó ante el Jury, también lo hicieron otros funcionarios judiciales y trabajadores del juzgado. Los testimonios clave fueron los de los auditores.