Distribución. El objetivo es que la Justicia Federal se aboque exclusivamente a los procedimientos contra grandes narcotraficantes, mientras que el futuro fuero provincial se dedique a los pequeños kioscos de droga.

La opinión unánime de los jefes de los fiscales de cada provincia es que la investigación contra el narcomenudeo (la venta de pequeñas dosis de droga) debe ser encarada por el Poder Judicial y la Policía de los distritos. Pero también destacaron que se debe trabajar coordinadamente con la Justicia Federal, que es la que tiene la competencia nacional de la lucha al narcotráfico. Así, esta última es la que decidirá si las causas por pequeñas comercializaciones estarán bajo su órbita si las mismas son parte de una organización delictiva más grande que se encuentre siguiendo o si corresponde a una estructura que abarque a dos o más provincias. En líneas generales, ese fue el balance del Encuentro del Consejo Federal de Política Criminal organizado en Córdoba, del que participó el fiscal General local, Eduardo Quattropani. La conclusión de la cumbre no es menor, ya que la gestión uñaquista viene trabajando junto al funcionario judicial para adherirse a la ley de desfederalización del combate al narcomenudeo.

De hecho, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, reiteró que el objetivo es presentar el proyecto en la Cámara de Diputados en lo que queda del año. Pero como el Ejecutivo también tiene sus fichas puestas en avanzar con la iniciativa de la reforma del Código Procesal Penal, que instalará la investigación fiscal, el funcionario explicó que si no llegan con la propuesta del narcomenudeo, la tendrán lista para el inicio del próximo ciclo legislativo. La administración uñaquista tomó la decisión política de sumarse en la lucha contra un eslabón del tráfico de drogas, que se esparce tanto en sectores vulnerables como en medios y altos, en las inmediaciones de escuelas y en boliches, por ejemplo, que suele ser caldo de cultivo para hechos delictivos o cuya disputa por el negocio suele generar enfrentamientos entre bandas.

Dentro de ese contexto local se dio la cumbre nacional de fiscales generales entre el jueves y viernes, que contó con la presencia del jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Casares. Quattropani resaltó que "las estadísticas muestran que es necesario que las Justicias y Policías provinciales nos involucremos en la lucha contra el narcomenudeo". Así, dijo que en Salta y Córdoba, "se ha quintuplicado el ataque" contra ese eslabón de comercialización. "No se pueden despreciar las estructuras de la Justicia y de las fuerzas de seguridad de las provincias", resaltó. En ese marco, en el Gobierno hablan de crear un fuero específico local, con uno o dos juzgados e igual cantidad de fiscalías y defensorías oficiales. El titular del Ministerio Público local inclusive destacó que "no se puede pretender que un juez y un fiscal federal luchen contra el narcomenudeo, el narcotráfico, lavado de dinero y delitos económicos". El objetivo justamente es que la Justicia Federal se aboque exclusivamente a las grandes organizaciones de narcotraficantes. En ese contexto, la coordinación entre ambos fueros será clave.

Quattropani además explicó que le han pedido al Ministerio de Justicia nacional que convoque a una mesa de diálogo para que, entre otros puntos, se defina el aporte económico que debe ser enviado a las jurisdicciones para solventar el sistema, tanto para las que ya se han sumado como las que quieran adherirse.

 Postura

Definiciones

Quattropani manifestó que "con la voluntad política mostrada por el oficialismo y la oposición, al narcomenudeo lo ponemos en caja al poco tiempo". Y que "no costará nada complementarse con la Justicia Federal".



 

 Claves

Desfederalización

La ley 26.052 de 2005 contempla que las provincias, previa adhesión, combatan la venta de droga cuando esta sea fraccionada "en dosis destinadas directamente al consumidor". Sólo Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco y Formosa adhirieron.

Cambio

Los fiscales hablaron de modificar la norma nacional para hacerla flexible y posibilitar una actuación conjunta más adecuada entre provincias y la Justicia Federal. Su posible cambio no alteraría en nada a que San Juan adhiera a la actual ley.

Financiamiento

La ley 26.052 establece financiamiento para las provincias que adhieran a la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo. En la práctica, las que lo hicieron no recibieron nada y ahora se busca que se ajuste el envío de fondos.

Preparación

Frente a la posible permeabilidad de las fuerzas en el negocio de la droga, se apunta a la capacitación del personal y al control de gestión. En San Juan estará en estudio si un grupo especial de policías se abocará específicamente a esos hechos.