Obras. El sector de la construcción es uno de los que registra la mayor cantidad de demandas laborales, según el Registro Nacional de Litigiosidad.

En los últimos 7 años, desde el 2010 hasta el 2016, los juicios laborales en la provincia crecieron un 128%, al pasar de 178 juicios que se registraron en el primer año considerado, a 406 que se sustanciaron el año pasado. Los datos corresponden al Registro Nacional de Litigiosidad (Renali), que mide la evolución de las demandas en el Sistema de Riesgos de Trabajo. La mayor cantidad de planteos se produjo en los sectores del comercio, transporte y construcción, según las estadísticas que manejan en el área dependiente de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación.

La consecuencia directa del incremento es el aumento de los costos laborales para las empresas porque, por un lado, tienen que afrontar los gastos de los juicios y los honorarios de los abogados, y por el otro provoca que las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) les incrementen los valores de las primas de los seguros que deben pagar las compañías.
El tema forma parte de las preocupaciones permanentes del sector empresario, que viene planteando la necesidad de una reforma laboral que incluya el tema de la litigiosidad en el mundo del trabajo.

E incluso está en la agenda del Gobierno nacional al punto que el presidente Mauricio Macri habló, hace poco más de dos meses, de la “mafia de los juicios laborales” y le apuntó en particular al diputado nacional Héctor Recalde, “que ha hecho mucho daño a la Argentina”, sostuvo el mandatario.

La embestida del Ejecutivo nacional recogió el apoyo de los hombres de negocios, en el que existe el temor a que cada empleado que se retire de una compañía lo haga con un juicio. El tema, además, se suma a los altos costos laborales, que lleva a una merma de la competitividad y a la imposibilidad de contratar más personal, según las voces del sector empresario. Por otro lado, desde distintas asociaciones que representan a los abogados laboralistas cuestionaron que se trata de una campaña para desprestigiar y atacar los derechos de los más vulnerables.

Las estadísticas parten desde el 2010, fecha de creación del registro nacional en el que las ART y los empleadores autoasegurados deben informar mensualmente las demandas recibidas, el objeto de cada juicio y los datos del abogado que lo llevará adelante.

En San Juan, en el 2016, cuando la evolución anual de causas aumentó el 19,8%, fue el más alto del período considerado. Y en los primeros 5 meses de este año, según los datos disponibles en el registro nacional, han ingresado un total de 139 causas por cuestiones laborales, siendo mayo, con un total de 40 casos, el mes de inicio de la mayor cantidad de demandas.

Dos antecedentes


La Comisión Médica 26, en jaque

En julio pasado fue intervenida la Comisión Médica 26, el organismo que se encarga de controlar las incapacidades laborales por demandas en ese ámbito. Fue por sospechas de las autoridades centrales, quienes también dispusieron que fueran separados de sus tareas los empleados. Fueron sometidos a una investigación interna para determinar si alguno de ellos incurrió en irregularidades administrativas que podrían dar lugar a un fraude.

Por la situación también fue radicada una denuncia para que la Justicia investigue si los abogados de un estudio jurídico también estaban implicados.

La sospecha es que los trabajadores que iban a la comisión eran inducidos a buscar a determinados letrados para conseguir un resultado favorable.

Un fallo de la Corte Suprema


La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que cuando un trabajador pierde un juicio laboral por su culpa deberá pagar todos los gastos por honorarios profesionales que haya ocasionado. La decisión fue del máximo tribunal en un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, en una causa abierta a raíz de una denuncia de accidente laboral.

En la práctica significa que cuando un trabajador pierda por su culpa un juicio laboral deberá pagar todos los gastos ocasionados por ese proceso en concepto de honorarios de los abogados y los peritos que hayan intervenido.

En el sector interpretan que, con esta decisión, podría mermar la cantidad de demandas de este tipo.