En el inicio de su alegato, el defensor Oficial Esteban Chervin adaptó el poema "Hombres necios que acusáis" de Sor Juana Inés de la Cruz y se lo dedicó al fiscal Dante Vega. "Señor fiscal, que acusáis sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis", lanzó en el tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura. Lo de Chervin fue su contraataque, dado que Vega le había recriminado el hecho de negar el terrorismo de Estado y no reconocer a los damnificados como víctimas, debido a que está inmerso en un "fenómeno ideológico". A su vez, el defensor público también dio a entender que el fiscal actuó ideológicamente y le tiró que utilizó una ley firmada por el dictador Jorge Rafael Videla para prolongar las detenciones de imputados, además de señalar que su acusación a implicados "guardan un desagradable olorcillo al apotegma de algo habrá hecho".

De esa manera, la instancia de los alegatos se ha convertido en un fuerte cruce entre el fiscal y el defensor. Además, Vega le había pedido al Tribunal Oral Federal que condene con prisión perpetua al ex fiscal federal Juan Carlos Yanello, a la cúpula del grupo de tareas del RIM 22 (Jorge Antonio Olivera, Gustavo De Marchi, Daniel Gómez, Eduardo Cardozo, Francisco Del Torchio y Juan Carlos Coronel) y al expolicía Miguel Ángel Mejías por sus respectivas participaciones en homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, en distintos hechos. No sólo eso, sino que también pidió castigos temporales para otros 16 acusados. A su vez, Chervin tiene la defensa de la mayoría de los implicados.

El fiscal había golpeado primero al señalar que existió una serie de hechos durante las audiencias que definieron el accionar de Chervin como "un fenómeno de negacionismo", que incurrió en "episodios concretos de revictimización de testigos", una "práctica que está prohibida por la Cámara de Casación Penal". Según Vega, al realizarles duras consultas a los testigos, el defensor "nos ha hecho pasar a todos momentos de tensión por la revictimización".

El defensor Oficial le contestó ayer a Vega y comenzó con un "rechazo con todo énfasis a las valoraciones efectuadas por el fiscal" al achacar "cualquier tipo de naturalización o aceptación de cualquier especie de interrupción constitucional o de terrorismo estatal". También echó mano a definiciones de autores y abogados que, en líneas generales, indican que "los juicios de derechos humanos se perciben como empresas impulsadas por la venganza y el derecho de tomar represalias". No obstante, aclaró que "de ninguna manera estoy cuestionando la realización de juicios bajo ninguna naturaleza ni de ninguna especie. Lo que sí estoy cuestionando, en determinadas situaciones y este juicio no ha sido una excepción, son las formas de llevarlo adelante o las acusaciones que se han sustraído de los estándares que ninguno de nosotros podría aceptar".

Chervin, además, destacó que "el fiscal se sirvió de un plexo normativo (la ley 21.338), que lleva la firma de Videla, y lo utilizó durante más de 10 años en las causas que motivaron este juicio contra mis asistidos". También dijo que los "agravios" que recibió no son "más que un burdo camuflaje para desorientar y no centrarnos en una acusación débil".

Continuidad

El 31 de agosto será la próxima audiencia en la que Chervin continuará con su alegato, al que le agregará tres exposiciones más. Luego será el turno de los defensores privados.

  • Críticas por el caso Tellechea

Esteban Chervin defiende a tres de los principales acusados (Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro del Castillo y Alberto "Lali" Flores) en la causa por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea y solicitó una serie de medidas de prueba para el juicio que desataron la polémica. El fiscal Francisco Maldonado y el querellante Conrado Suárez Jofré destacaron que el defensor Oficial "pretende instalar como sospechosos a los familiares de Tellechea, a quienes hace 18 años les urge saber su paradero". Además, destacaron que la información pedida "constituye una actitud persecutoria que evidencia un ejercicio abusivo del derecho de defensa". Luego de las críticas, el tribunal rechazó el pedido.