La ley que elimina el tope salarial 3.500 pesos y le permite a los jueces de la provincia jubilarse con el 82 por ciento móvil, seguirá esperando. Desde el Ejecutivo habían dicho que iba a salir este año, pero altas fuentes de gobierno confiaron que el tratamiento de la norma quedará para el año que viene. La demora responde a que la AFIP le dio 36 cuotas a los jueces y el Estado provincial para que paguen la actualización de aportes y contribuciones, pero en los dos casos quieren más tiempo y actualmente están discutiendo con el organismo recaudador esa posibilidad. La expectativa es alta, porque cuando se sancione se espera una lluvia de vacantes en Tribunales.

La puerta para renovar el Poder Judicial se abrió en diciembre de 2008, cuando la presidenta Cristina Kirchner firmó un decreto aprobando un acta entre la provincia y la Anses que elimina el tope jubilatorio para los magistrados. Pero por razones económicas, entre otras cosas, la ley local que hace falta para ratificar el acta se ha venido postergando.

Sucede que tanto la provincia como los jueces tiene que pagar un diferencial. Para ingresar al régimen que les permite irse con el 82 por ciento de sus sueldos, los magistrados deben actualizar los aportes que han venido haciendo al sistema previsional desde que se fijó el tope de 3.500 pesos. Paralelamente, el Estado debe hacer lo mismo con la parte que le toca: la contribuciones patronales.

"Creemos que deben ser más cuotas", dijeron en el Ejecutivo. La AFIP, que es quien recauda para el sistema previsional, les ofreció 36 meses para cancelar el diferencial. Para los jueces son miles de pesos -en algunos casos dicen superar los 100 mil- y para el Estado se calcula que millones. Y como los dos sectores consideran que el plazo es muy exiguo, las fuentes aseguraron que el gobierno giojista está negociando desde hace algunos meses más tiempo con el organismo nacional.

En definitiva, hasta que no esté listo el acuerdo con la AFIP no se puede avanzar con la ley. Porque en la reglamentación, se contemplará como hay que actualizar los aportes y los trámites que deben realizar los magistrados.

Las fuentes señalaron que la ley quedará para el año que viene, aunque no se sabe para cuándo. En el Ejecutivo sugirieron dos opciones: una sesión extraordinaria en Diputados para tratarla si el acuerdo con la AFIP se firma en el receso de verano o esperar hasta el período ordinario, que arranca en abril.

La definición es esperada con mucha expectativa por los actores del sistema judicial, porque se calcula que se generarían entre 25 y 30 vacantes entre jueces y fiscales y también se retirarían entre 70 y 100 funcionarios judiciales. Sencillamente porque sin el piso salarial, ya no podrán esgrimir que no pasan a retiro porque pierden plata.

Todo se da en un contexto de revuelo en Tribunales. Sea por la evidente morosidad judicial que hay en los estrados o por las recientes y polémicas designaciones sin concurso previo, la mayoría de parientes de jueces, fiscales y funcionarios de otros Poderes, que hizo la Corte de Justicia. temas que en los últimos meses han desatado una catarata de críticas hacia el máximo tribunal.

De todas maneras, la condiciones del nuevo régimen -irse con el 82 por ciento de los que cobran en actividad- no garantiza que todos los que están en condiciones de jubilarse, se vayan. En la Corte de Justicia hay al menos cuatro de los cinco ministros que han dicho que no piensan todavía en pasar a retiro. Declaraciones que en Casa de Gobierno despiertan preocupación, porque Gioja le puso énfasis a las negociaciones pensando, justamente, en producir una oxigenación con la salida de la magistratura más envejecida.