Los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday no se presentaron ayer a comparecer personalmente ante la jueza que los mandó a capturar y en su lugar, presentaron un pedido de eximición de prisión. Los dos están implicados en una causa que se desprende del escándalo de las expropiaciones y antes de declarar, quieren asegurarse que no quedarán detenidos. Es común que este tipo de planteos se resuelva a favor de los imputados si no son de alta peligrosidad, pero en este caso hay datos que no los favorecen. Fuentes judiciales aseguraron que uno de los letrados intentó presionar a testigos y que la jueza María Inés Rosellot, que es la que debe resolver, se basó oportunamente en ese hecho para ordenar el arresto por considerar que en libertad pueden interferir en la investigación.
A Graffigna y Alday les endilgan haber estafado a algunos de los propietarios de terrenos expropiados que representaban como abogados. A partir de los testimonios de antiguos clientes, se sospecha que los engañaron y que les entregaron mucha menos plata de la que pagó el Estado por los inmuebles.
La causa está directamente ligada a la que impulsó el gobierno, para que se investigue si hubo fraude contra el Estado en los juicios de expropiaciones. En la gestión giojista presumen que hay una organización de jueces y abogados que inflan los precios de los inmuebles y en ese proceso fue que declararon los testigos que dieron lugar a la nueva causa contra Graffigna y Alday.
Después de que la Policía Federal no los encontrara en cuatro allanamientos que hizo el miércoles, los abogados siguen libres y pidieron que se los exima de ir a prisión. Para resolver el planteo, Rosellot tiene que considerar dos aspectos vitales: si hay riesgo de que se fuguen o si pueden entorpecer la investigación. Este último punto, al menos a Graffigna, le juega en contra.
Según fuentes judiciales, los testigos que declararon en la causa que promueve el gobierno y que revelaron que cobraron sólo una porción de lo que depositó el Estado por la expropiación de sus terrenos, dijeron también que Graffigna los convocó a una reunión y que intentó influir para que no dieran esa versión. Hecho que en la práctica, se puede interpretar como un escollo para el normal desenvolvimiento del proceso judicial.
Incluso, la jueza ya evaluó ese hecho. Las fuentes contaron que en la orden de arresto que libró contra Graffigna y Alday como sospechosos del delito de administración fraudulenta -así tipifica el Código Penal a la estafa de un abogado a su cliente-, se basó en la supuesta presión hacia los testigos para argumentar que no es bueno para la causa que los dos letrados estén libres.
Lo que decida Rosellot es clave para el futuro inmediato del proceso. Si les concede la eximición de prisión, sabiendo que no terminarán presos, tanto Graffigna como Alday planean presentarse para ser indagados. Si deniega el pedido, la defensa de los abogados es casi seguro que apelarán a la Cámara Penal, es casi seguro que ellos no comparecerán en persona y la investigación se dilataría.
Mientras tanto, ayer se supo que Graffigna está en la provincia y que Alday, según su abogado, Fernando Echegaray, no está en el país. Los dos eran socios en juicios de expropiaciones y en el gobierno les apuntan como supuestos miembros de la red delictiva que usaba artilugios legales para sacarle plata de más a la provincia. Echegaray aseguró que su cliente no tiene nada que ver con Graffigna desde 1997 y que sólo participó en expropiaciones de Cuesta del Viento -las otras sospechadas son las del canal Playa y la del Parque de Mayo-, descartando así alguna vinculación reciente.