Al encontrarse en minoría en la Cámara de Diputados, la futura gestión de Marcelo Orrego no sólo necesitará de acuerdos con el PJ y sus aliados para aprobar leyes, sino, también, para poner gente de su confianza en tres lugares clave, si así lo desea. El que sobresale es el puesto de fiscal de Estado, en el que fue designado Jorge Alvo por el gobierno de Sergio Uñac. El funcionario es inamovible en su cargo, salvo que enfrente un juicio político en el seno de la Legislatura, en donde también se elige al reemplazante. Como en una destitución se requiere de mayorías en distintas instancias, en la que, además, hacen falta fundamentos y, en este caso, no los hay, la próxima administración debería esperar la renuncia e impulsar a un representante y lograr el aval de la Cámara o, en todo caso, continuar con el actual, quien ha venido cumpliendo un intachable papel en la defensa de la provincia. Los otros casilleros están reservados para los legisladores en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.

De acuerdo a los resultados de la elección del 14 de mayo, Uñac metió 19 diputados, Orrego ubicó 12, el sector de José Luis Gioja colocó cuatro y el restante quedó para el espacio libertario. Así, el interbloque Juntos por el Cambio (JxC), integrado por Producción y Trabajo, Pro, Dignidad Ciudadana, UCR y Actuar, se encuentra en desventaja en la Cámara.

Alvo asumió como fiscal de Estado en mayo de 2017, luego del OK de la Legislatura, tras el análisis de la terna que elaboró y elevó el Consejo de la Magistratura. De acuerdo al artículo 264 de la Constitución, el funcionario "es inamovible mientras dure su buena conducta, estando sujeto al juicio político". El puesto es clave, ya que se trata del titular de los abogados que defienden los intereses y el patrimonio del Estado. En el terreno de las hipótesis, un proceso de remoción implicaría un desgastante costo político apenas asumido un nuevo Gobierno. Un "gesto" para JxC sería la salida del fiscal de Estado, con el fin de que ponga un profesional de sus filas, lo que conllevaría a negociaciones. Si eso sucediese, será la Cámara la que deberá nombrar a un eventual futuro funcionario, previa conformación de la terna por el Consejo de la Magistratura, después de que se disparara un concurso. La otra es que Orrego decida la continuidad de Alvo, si es que este también lo ve apropiado.

Los otros casilleros para cargos legislativos tienen que ver con el Consejo propiamente dicho y el Jurado de Enjuiciamiento. El peronismo cuenta con los números para imponer los diputados, salvo que llegue a un acuerdo, fruto de negociaciones, para que el orreguismo tenga esos lugares. El primero de los organismos, que elabora las ternas de jueces, fiscales, defensores y el propio fiscal de Estado, tiene una variada integración. En primer lugar, hay dos abogados, Raúl Acosta y María Valeria Torres, que fueron elegidos en 2022 en una lista impulsada por el PJ, cuyos mandatos duran cuatro años. También se encuentra un miembro de la Corte de Justicia (sus cinco integrantes, designados en la gestión uñaquista) y un ministro del Ejecutivo, que definirá Orrego. El último es un legislador provincial. La tradición venía marcando que era de la oposición, pero, en el final de la gestión giojista y en la de Uñac, terminó siendo del oficialismo.

Por el lado del Jury, el órgano que remueve magistrados, está compuesto por un cortista, dos abogados (que saldrán de una elección en el Foro en noviembre) y dos diputados.

• En el Tribunal de Cuentas y el IPEEM

El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado del control posterior del gasto público de las reparticiones del Ejecutivo y de los municipios, entre otros. Según la Constitución, Está conformado por un presidente, un vice y un vocal permanente, elegidos por la Cámara de Diputados, a propuesta del Gobierno, los que permanecen en sus puestos mientras dure su buena conducta, salvo que sean destituidos por un Jury. La máxima autoridad del organismo, Isaac Abecasis, presentó su renuncia condicionada a que la Anses le conceda el beneficio jubilatorio, cosa que aún no ha sucedido. Entonces, si le sale el beneficio antes del 10 de diciembre, la actual gestión propondrá un reemplazante. Si no, quedará en manos de la administración de Orrego, que necesitará de acuerdos para aprobar a su reemplazante en la Legislatura.

Por otro lado, el Tribunal tiene dos vocales transitorios, los que se eligen "a propuesta de uno por cada bloque de los partidos que hubieran obtenido representación" parlamentaria "en orden subsiguiente al partido mayoritario". De acuerdo a la conformación de la futura Cámara, "el partido mayoritario" es el PJ, por lo que los puestos le corresponden, "en orden subsiguiente", a las minorías, que son Producción y Trabajo, que tiene ocho de los 12 diputados del frente JxC, y el bloquismo, que cuenta con tres de los 24 de la alianza San Juan por Todos, si es que así se producen las divisiones en el recinto legislativo, dado que, por ahora, los restantes socios del peronismo no llegarían al número del partido bloquista. Se verá la integración de las bancadas.

En el Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), la normativa indica que los cargos de presidente y vice del Directorio los pone el Ejecutivo, es decir, lo hará Marcelo Orrego. A su vez, hay otros dos puestos que le corresponden a la primera minoría y segunda minoría parlamentaria. De acuerdo a la conformación, los casilleros le corresponden a JxC y al bloquismo, si es que se respeta esa división y si no hay una disputa de interpretación de la ley.