A eso de las 18.30 de ayer, el funcionario judicial Juan Pablo Ortega se entregó en la Central de Policía, luego de que el juez de Garantías Matías Parrón librara una orden de detención en su contra tras el pedido del fiscal Francisco Micheltorena. Así, quien fuera el coordinador de la asistencia jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio llegará bajo prisión a la audiencia de investigación. No sólo eso, sino que el representante del Ministerio Público solicitará que continúe tras las rejas hasta la finalización del juicio, sumado a que enfrentará fuertes acusaciones, como el hecho de integrar una asociación ilícita e incurrir en delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegítimo de la profesión de abogado, aseguraron fuentes ligadas al caso.
La delicada situación de Ortega obedece a que está en la mira de la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales por el presunto armado de una causa de abuso sexual contra un hombre que fue denunciado por su expareja, quien, en el avance de esa causa, obtuvo finalmente una falta de mérito. En el escándalo están involucradas dos funcionarias judiciales más: la amiga de Ortega, Claudia Elizondo, y su esposa Belén Rodríguez, jefa y subjefa, respectivamente, de la Unidad Conclusiva de Causas, el área en la que se tramitó el expediente de abuso sexual con el que se habría querido perjudicar al hombre. También está implicada la abogada Sandra Cozzi, a quien el secretario Relator de la Corte le habría elaborado escritos y presentaciones judiciales en el caso del delito sexual (Ver recuadro). Micheltorena, que actuó bajo la coordinación del fiscal Adrián Riveros, no solicitó las detenciones de las tres mujeres debido a que sus supuestas actuaciones no tuvieron el peso que sí le atribuyen a Ortega. Según las fuentes, los motivos para que el funcionario judicial sea apresado se basaron en que cuenta con un grado de poder sumamente importante en la Justicia, por lo que Fiscalía sostuvo que puede obstaculizar la investigación en cuanto a la presunta interferencia en la recolección de la prueba o la destrucción de la misma. Además, Micheltorena hizo hincapié en la complejidad de la causa, sumado que contaría con conocimientos informáticos para evitar el registro de sus comunicaciones, dado que se detectó que usó 27 celulares en dos años con su tarjeta SIM.
Todo comenzó el 20 de enero de 2021, cuando una mujer denunció a su expareja por el supuesto abuso sexual de la hija de ambos. Según consta en el expediente, la denunciante se pudo contactar con Ortega debido a que familiares de ambos tienen lazos de amistad. Fue así que el funcionario judicial le recomendó a su abogada amiga Cozzi para que tramitara el expediente. Pero no quedó en una simple sugerencia, ya que de la investigación se desprende que Ortega se habría encargado de la confección de escritos que la profesional recibía vía mail y firmaba y presentaba en la Unidad Conclusiva de Causas. En dicha área, el funcionario judicial tenía los contactos de su esposa y su amiga Elizondo para digitar el expediente, indicaron las fuentes. Pese a la presunta maniobra, el juez de la causa le dictó la falta de mérito al hombre denunciado, quien, inclusive, obtuvo de un Juzgado de Familia la revinculación con su hija.
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Elementos de prueba de la causa
Luego de obtener la falta de mérito en la causa de abuso sexual, el hombre denunció el accionar en la Unidad Conclusiva de Causas. Así, el fiscal Micheltorena (foto) encaró una investigación que contó con el secuestro del celular y la PC de la abogada Sandra Cozzi. De esa manera, se comprobó que entre Ortega y la profesional hubo un uso compartido de celulares. Además, el funcionario judicial se habría encargado de la confección de escritos que la abogada recibía vía mail y firmaba y presentaba en la Unidad Conclusiva. Según las fuentes, Ortega hizo valer su influencia y contacto con su esposa Belén Rodríguez y su amiga Claudia Elizondo, a quienes les habría dado instrucciones para que se le diera una tramitación rápida a la causa y beneficiosa para la denunciante en la Unidad Conclusiva. Por ejemplo, la pericia oficial reveló que la menor no presentaba ningún rastro de abuso sexual, pero, tras el planteo de Cozzi y la presunta intervención de Elizondo, se logró que pudiera realizar un análisis psicológico la licenciada Delia Sobrero, conocida de Ortega a través de la Escuela de Capacitación Judicial que este dirigía. La defensa del hombre cuestionó la designación de la perito privada, lo que fue rechazada por el juez interviniente en base un proyecto de resolución redactado por Elizondo, dijeron las fuentes. El defensor apeló y se concedió la medida, aunque la causa, ya en manos de Rodríguez, nunca fue enviada a la Cámara de Apelación.