El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura mostró su preocupación por el nivel de sobrepoblación que tiene el Servicio Penitenciario Provincial, el que cuenta con unos 1.800 internos, mientras que la capacidad es para casi 1.000. Según las autoridades del organismo, que tiene por objetivo realizar el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situación de encierro, la sobrepoblación, que en San Juan alcanza el 88 por ciento, complica "el acceso a derechos de los detenidos", lo que, a su vez, trae aparejado "violencia, afectaciones con la vinculación familiar, las visitas y con la posibilidad de que las cárceles tienen que ser sanas y limpias para rehabilitación y no para castigo", indicó una de las consejeras del Comité. La provincia busca reducir la alarmante cifra con la construcción de más celdas y un nuevo penal, mientras que apunta a tener un mejor control sobre los detenidos con la puesta en marcha de un "mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". Para avanzar en ese punto, el año pasado se aprobó una ley para la creación del organismo y, según indicaron desde el Ministerio de Gobierno, apuntan a que durante el segundo semestre se ponga en marcha.

Que el Comité Nacional para la prevención de la tortura haya sesionado en San Juan no es menor, ya que, según sus representantes, esa decisión se tomó para que la provincia avance "en la puesta en marcha de su mecanismo local" (ver Comité local...). Las reuniones, que se iniciaron el miércoles y finalizaron ayer, tuvieron amplia convocatoria con referentes de provincias como Salta, Chaco, Corrientes, Jujuy, Tierra del Fuego y Tucumán, entre otras.

Sobre la situación del Servicio Penitenciario local, Andrea Triolo, miembro del Comité Nacional, indicó que la sobrepoblación es "importante", lo que genera "un escenario muy complejo", que impacta en otros rubros por fuera del cumplimiento de una pena. Así, dijo que se producen hechos de violencia, producto de la "afectación de derechos". Por su parte, Alejandra Mumbach aclaró que "lo que hace el organismo es dar recomendaciones y, luego, hacer un seguimiento de esas recomendaciones para que se cumplan. Lo que intentamos es trabajar en conjunto con las entidades para llegar a dar soluciones".

La gestión uñaquista tiene en ejecución la obra de un nuevo servicio penitenciario, el que estará en Ullum, mientras que, en el de Chimbas, está cerca la inauguración de nuevos pabellones, con capacidad para unos 240 internos, lo que hará bajar el índice de sobrepoblación.

Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, el Comité Nacional contra la Tortura hizo una inspección a dependencias policiales y al servicio penitenciario. De la visita, surgieron recomendaciones más allá de la capacidad del penal. Según el titular de la unidad Penitenciaria, Adriel Fernández, muchos de los requerimientos fueron cumplidos, como que "se duplicaron los talleres de laborterapia, llegando a 30 propuestas. Se volvió a dictar clases en la escuela, la que había quedado inhabilitada por el terremoto, y se han reforzado las tareas deportivas". Además, dijo que "se encuentra en etapa de desarrollo una nueva ley de Ejecución Penal, la que, por ejemplo, garantizará el derecho de defensa en los expedientes disciplinarios y se generará una instancia de solución alternativa de conflicto con la mediación penitenciaria".

• Comité local y miembros 

En la última sesión ordinaria del año pasado, la Cámara de Diputados sancionó la creación del "mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". El organismo tendrá por finalidad "fortalecer la vigencia y cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentran privadas de su libertad, velando por el mejoramiento de las condiciones de detención, reforzar la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación". El cuerpo contará con siete miembros: dos representantes del Poder Legislativo, dos del Ejecutivo, dos provenientes de organizaciones sociales y un miembro del Ministerio Público de la Defensa.

Provincias

Para la reunión del Comité Nacional llegaron referentes de Salta, Chaco, Corrientes, Jujuy, Tierra del Fuego, Tucumán, Misiones, Mendoza, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Buenos Aires, CABA, Entre Ríos y la Defensoría General de la Nación.

Población

Según el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), el Penal de Chimbas contaba con una capacidad para 953 internos al 2021, pero tenía una población de 1.794 personas. Así, el porcentaje de sobrepoblación alcanzaba el 88,2 %.