La Carta Orgánica de Rawson establece que la notificación de la interpelación al intendente debe hacerse con 10 días de antelación, salvo que el Concejo Deliberante considerara que hay casos de extrema gravedad y urgencia, lo que se debe definir con las dos terceras partes de los miembros presentes. En la sesión de ayer, los ediles, por unanimidad, entendieron que se dio esta última situación, ya que interpelarán al jefe comunal Rubén García en siete días, es decir, en la próxima sesión ordinaria, a las 11.

El presidente del bloque del Frente de Todos, Elio Frack, señaló que consideran que hubo irregularidades de "orden externo e interno", lo que justifica que el intendente dé explicaciones al temario que le enviarán. Por su parte, Verónica Benedetto, titular de la bancada Pro, señaló que "acompañarán el pedido de interpelación" y que "no es una cuestión partidaria. Venimos pidiendo informes y ahora, que tenemos el quórum, no podemos dejar de lado esta oportunidad para que se le den explicaciones a los vecinos".

El intendente no contestó los llamados de este medio y se ha mantenido en silencio.

Entre los puntos que el Legislativo le planteará al intendente se encuentran la falta de construcción de nichos en el cementerio municipal, pautado en una licitación; el uso del combustible de las movilidades a cargo de los funcionarios y las obras sin realizar. En estas últimos, aparecen la falta de iluminación y el arreglo de plazas y calles en ciertos barrios y zonas, el "incumplimiento" del presupuesto participativo (en el que intervienen los vecinos). Además, los concejales le pedirán un informe sobre la nómina de la planta política, actualizada y completa, al igual que el jefe comunal dé a conocer si hay más funcionarios que han llevado adelante contrataciones con familiares. La consulta tiene que ver con el caso del exsecretario de Gobierno, Elías Robert, quien puso la firma, en dos expedientes, para la compra directa de talonarios a la empresa de su madre, lo que quedó en la lupa ya que una ley provincial prohíbe los negocios del Estado con familiares. Otro punto tiene que ver con el conflicto que tiene con el gremio municipal SUOEM en cuanto a la recategorización del personal.