El fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, respondió duramente a los comunicados que emitieron sectores pro vida, que repudiaron la apelación de la fiscal Silvina Gerarduzzi contra el fallo que había desligado a una abogada y dos médicos que intentaron impedir el aborto no punible de una menor de 14 años que había sido violada y que tiene disminuidas sus facultades mentales. Los misiles del jefe del Ministerio Público fueron hacia las asociaciones civiles Abogados por la Vida y Ola Celeste San Juan y el partido político Dignidad Ciudadana, ya que los trató de mentirosos, hipócritas y retrógrados, porque utilizaron argumentos falsos en sus comunicados y porque "no quieren o les cuesta entender" el ejercicio libre de los agentes fiscales. Además, dio un "absoluto respaldo" a Gerarduzzi.

Las definiciones de Quattropani se dieron ayer, luego de que las organizaciones le apuntaran a la fiscal, quien había ido en contra del fallo del titular del Quinto Juzgado Correccional, Matías Parrón. Abogados por la Vida y Ola Celeste San Juan habían indicado en un comunicado que los militantes pro vida, la abogada Paola Miers y los médicos Federico Bazán y Federico Antequeda, "no incurrieron en delito alguno" tras el escándalo que protagonizaron en el Hospital Rawson en 2018 y que el sobreseimiento que dictó el juez los declaró "inocentes de todos los delitos que se les imputaba". El jefe de los fiscales les contestó con el derecho en la mano: "Es objetivamente falso que exista sobreseimiento firme en favor de los profesionales", dado que tal fallo "ha sido apelado por quien tiene derecho y capacidad para hacerlo".

El fiscal enmarcó sus dichos con el título de Igualdad Ante la Ley.

En otro punto, las agrupaciones pro vida habían señalado que, Gerarduzzi, "en lugar de dedicarse a investigar el verdadero accionar ilícito", persiguió "judicialmente a quienes denunciaron las irregularidades". En primer lugar, Quattropani resaltó que "es absoluta mentira que en la resolución haya quedado probado cualquier tipo de irregularidad en el accionar de las autoridades de salud o judiciales", ya que la denuncia que habían realizado Miers, Bazán y Antequeda había sido desestimada por la Justicia.

Además, el jefe de los fiscales contestó que "es falsa una presunta persecución judicial o mediática contra los profesionales, a no ser que las asociaciones crean exentos de procesos a sus miembros". Así, les recordó que el juez que dictó el sobreseimiento, el cual no está firme, "forma parte de la Justicia que, según torpemente alegan, los persigue".

Por otro lado, Abogados por la Vida y Ola Celeste San Juan habían destacado que "el aborto fue realizado conociendo que la madre revocó por escrito el consentimiento a la práctica abortiva". Quattropani también respondió que esta afirmación es mentira, ya que no está acreditada en ninguna parte del expediente. De hecho, sí consta que a la madre de la menor le molestó la intervención de los pro vida.

No fueron las únicas definiciones de Quattropani, quien también dijo que "el Ministerio Público no se hace cargo de conductas hipócritas de ningún sector", dado que "tiene en claro la diferencia entre el mundo del derecho y el de lo religioso. Respeta todas las posiciones, aún las fundamentalistas o de las conveniencias políticas, siempre y cuando no pretendan convertir a sus miembros en exentos de procesos judiciales".

Por último, remarcó su "absoluto respaldo a los miembros del Ministerio Público en ejercicio libre de sus funciones, aunque sectores retrógrados no quieran o les cueste entenderlo".

Respuesta de los pro vida
 

En un comunicado, las asociaciones civiles Abogados por la Vida y Ola Celeste señalaron que la fiscal "trata de ajustar la verdad con argumentos tendenciosos generando una causa ideológica sin sustento legal". Además, dijeron que la madre dio marcha atrás en el consentimiento para la práctica abortiva. Quattropani los desmintió duramente.

Dignidad Ciudadana
 

Desde Dignidad Ciudadana, partido en el que participa políticamente Paola Miers, destacaron que "la fiscal desconoce que el aborto en Argentina es un delito y que esboza un positivismo jurídico que desconoce el valor de la ley natural". Gerarduzzi basó su dictamen en el artículo 86 inciso 2 del Código Penal que contempla el aborto no punible.

La causa judicial

Todo comenzó el 25 de agosto de 2018 cuando la abogada Paola Miers y los médicos Federico Bazán y Federico Antequeda quisieron interrumpir un aborto a una menor de 14 años que había sido violada. Los tres ingresaron a la sala donde estaba la niña y le realizaron una ecografía sin el consentimiento de la madre. Además, le mostraron los rasgos del bebé, a pesar que la mujer les pidió que no lo hicieran. Como no lograron su cometido, presentaron una denuncia por supuestas irregularidades. Sin embargo, el fiscal Daniel Galvani archivó la causa y el caso se dio vuelta, ya que envió el expediente a su colega Gerarduzzi, quien pidió que se abriera la investigación contra los pro vida por falsa denuncia y divulgación de datos, entre otros delitos. El juez Matías Parrón los sobreseyó, aunque la agente del Ministerio Público apeló, dado que entendió que el magistrado hizo una "valoración parcializada" de las pruebas, que tuvo una "interpretación errónea del derecho" y que fue en sentido contrario a los testimonios. Además, entendió que hay elementos para procesar a la abogada y a los médicos por conductas delictivas, por lo que ahora será la Cámara Penal la que deberá definir el tema. Con respecto a la falsa denuncia, Gerarduzzi había resaltado que los implicados denunciaron que se llevó a cabo un aborto ilegal. La fiscal señaló que eso es falso, dado que la legalidad de la intervención quirúrgica a la menor está contemplada en el Código Penal y fallos jurisprudenciales. "Esta es normativa vigente y se encuentra por encima de cualquier creencia religiosa o convencimiento moral", remarcó.