La causa penal contra 8 ex concejales de Rivadavia, acusados de un manejo discrecional de fondos para ayudas sociales, se encuentra en punto muerto. Los jueces Eugenio Barbera y Héctor Fili, de la Sala III de la Cámara Penal, no aseguraron tajantemente que el juicio contra los ediles procesados se vaya a realizar. Es que los magistrados que integran el Tribunal que llevará adelante el debate (el tercer miembro es Leopoldo Zavalla Pringles) explicaron que el impulso de avanzar con el caso está sujeto a la decisión de la Corte de Justicia, que debe expedirse sobre una serie de planteos que efectuaron los abogados de los implicados. El máximo tribunal aún no resuelve los recursos y la causa está al borde del límite, ya que el delito por el que se los juzgaría (fraude a la administración pública) prescribe en junio del año que viene.
El caso fue un escándalo porque las partidas para ayudas sociales no llegaron a los beneficiarios y nunca se supo el destino de ese dinero. En la mira quedaron los ex concejales Carlos Reinoso, Nicolás Tejada, Juanita Guerrero, Lidia Zárate, José Páez, Isidro Díaz, Oscar Ruiz y Cristóbal Liuzzi. Y encima, desde que se hizo la denuncia, tras una investigación de DIARIO DE CUYO, han pasado 10 años sin que se concrete el debate.
En ese lapso, hubo una decisión concreta: el 19 de marzo pasado, la Sala III fijó fecha de audiencia, pero a sólo días del inicio, los abogados de los imputados solicitaron la prescripción de la causa y que se declare vencido el plazo razonable para juzgar a los ex concejales. El Tribunal rechazó esa postura y los defensores pidieron ir a la Corte de Justicia para que revisara el planteo. Sin embargo, la Sala denegó esa posibilidad y los letrados presentaron un recurso de queja ante el máximo tribunal. Ese es el punto que está pendiente de resolución.
Tanto el juez Barbera como Fili no garantizaron la inmediata realización del debate y destacaron que depende de la Corte. Es que ésta debe decidir si acepta o no el recurso de queja esgrimido por los letrados. Si lo rechaza, los magistrados remarcaron que el juicio se realiza y que fijarán una nueva fecha. En cambio, si el máximo tribunal admite la queja, debe estudiar el planteo sobre si la causa prescribió, lo cual le demandará un cierto tiempo.
Ante los recursos presentados por los abogados, la Sala III respondió, en sus resoluciones, que se tratan de una “conducta dilatoria” del proceso. Sucede que se está jugando una carrera a contrarreloj, ya que el plazo de prescripción de los delitos de fraude a la administración pública y falsificación de documento equiparado a público culmina el 29 de junio de 2013, pese a los argumentos de los abogados.
Los hechos que investiga la Justicia tienen origen en el 2002, los ediles podían repartir, por ordenanza, entre 1.300 a 1.500 pesos mensuales en ayudas sociales. Cada concejal tenía una planilla con los montos y los nombres de las personas a las que ayudaban, pero una investigación del Tribunal de Cuentas determinó errores en la confección de las planillas y hasta la falsificación de las firmas y de las cifras que la gente recibía.