El documento técnico advierte que los caños no son aptos para agua potable, podrían ser tóxicos y comprometen una obra millonaria. La Fiscalía ya lo analiza como una posible prueba.
Los caños del Acueducto Gran Tulum.
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El escándalo por el Acueducto Gran Tulum sumó un elemento central: el informe técnico que encendió la alarma en el Gobierno provincial y que ya se encuentra en manos de la Fiscalía. Se trata de un documento clave que podría marcar el rumbo de la investigación judicial sobre una de las obras más importantes y costosas de San Juan.
A continuación, los puntos más relevantes del informe que elaboró la consultora Interacción para OSSE y certificó Bureau Veritas:
El dato más contundente es que las tuberías instaladas no fueron diseñadas para transportar agua potable. Según el informe, los caños “aplican para desagües pluviales y cloacales”, lo que implica que no cumplen con los estándares necesarios para un acueducto de estas características.
Otro aspecto crítico es que este tipo de cañerías no está preparado para soportar presión, una condición indispensable en sistemas de distribución de agua potable. Esto pone en duda la viabilidad técnica de toda la obra.
El informe también advierte que los materiales utilizados podrían ser peligrosos para la salud. Señala que los caños están fabricados con insumos no aptos para consumo humano y que pueden liberar partículas potencialmente tóxicas.
Las conclusiones no solo corresponden a la consultora Interacción, sino que fueron certificadas por Bureau Veritas, una firma internacional especializada en auditorías, ensayos e inspecciones, lo que le otorga mayor peso técnico al documento.
El Acueducto Gran Tulum fue financiado con un crédito de 100 millones de dólares y contempló la compra de cañerías por más de 1.300 millones de pesos. La obra estaba destinada a abastecer de agua potable a gran parte de la población de San Juan.
La empresa Krah fue la adjudicataria de las licitaciones para proveer los caños entre 2015 y 2017. Ya en ese momento, una firma competidora había advertido sobre el carácter experimental de los materiales y cuestionado la propuesta económica.
El documento será analizado como prueba en la causa que investiga posibles irregularidades en la licitación, la calidad de los insumos y el manejo de fondos públicos. La investigación está a cargo de la UFI liderada por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez. Este afirmó que todavía falta una pericia técnica judicial que confirme este informe, que es de parte y no oficial de la Justicia.