El fiscal Sebastián Gómez confirmó que investigan posibles delitos desde el origen de la obra mientras analizan nueva documentación enviada por el Gobierno. Un informe técnico sostiene que las tuberías son para cloacas y no para agua potable.
Fiscalía analizará un lapidario informe que hay sobre los caños colocados en la gestión de Uñac
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La investigación por el Acueducto Gran Tulum levantó polvareda luego de que el fiscal Sebastián Gómez confirmara que Fiscalía ya analiza un informe técnico enviado por el Gobierno provincial, el cual advierte serias irregularidades en las cañerías utilizadas en la obra.
En primer lugar, el propio Gómez dejó en claro el alcance de la pesquisa: “Nosotros estamos investigando desde la génesis, desde la obra para determinar si existe o no un hecho delictivo en su caso y si en caso de existir determinar los posibles culpables”. En esa línea, remarcó que el enfoque está puesto en los hechos: “El derecho penal no es un derecho penal de actos, entonces nosotros estamos investigando hecho presumiblemente ilícito. Si descubrimos hecho presumiblemente ilícito, de ahí vamos a ver quiénes son los partícipes”.
Sobre la nueva documentación incorporada a la causa, el fiscal detalló que “ha llegado también un pendrive con numerosa documentación en el día de la fecha a la fiscalía, la cual se está analizando”, aunque aclaró que “no sabemos todavía a ciencia cierta si en esa documentación que hemos obtenido se encuentran los documentos a los que hace referencia el gobierno”. Además, explicó la modalidad de envío: “Son numerosas cajas que nos van mandando en forma digital. Así es como se convino la recepción por una cuestión de seguridad”.
Respecto a las denuncias sobre caños no aptos o potencialmente tóxicos, Gómez fue cauto: “Lo que salió a decir hoy el gobierno no nos consta todavía”. Y subrayó la necesidad de pruebas técnicas: “Nosotros para poder afirmar una cosa así necesitamos aparte de un informe una pericia... para poder determinar que un caño sirva o no sirva, que sea tóxico o no tóxico... necesitamos una pericia de por medio”.
En cuanto a los próximos pasos, aseguró que “primero para avanzar tenemos que determinar si existió o no un hecho ilícito. Posterior a ello no se descarta absolutamente nada”. También destacó que el equipo está “abocado casi en exclusividad” a esta causa.
Mientras la Fiscalía avanza con el análisis, el primer informe técnico solicitado por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) arrojó conclusiones contundentes sobre las cañerías instaladas en el Acueducto Gran Tulum.
El estudio fue realizado por la consultora Interacción y certificado por Bureau Veritas, y sostiene que los caños provistos por la empresa Krah “no son para transporte de agua potable”, sino que “aplican para desagües pluviales y cloacales”. Según el documento, estas tuberías no están diseñadas para soportar presión, una condición esencial para sistemas de agua potable.
Además, el informe advierte que los materiales utilizados “no son aptos para el consumo humano”, ya que pueden liberar partículas potencialmente tóxicas. Este punto encendió las alarmas, dado que la obra fue concebida para abastecer de agua potable a gran parte de la población de San Juan.
La obra del acueducto se financió con un crédito kuwaití de 100 millones de dólares, que la Provincia ya comenzó a pagar, y contempló la adquisición de kilómetros de cañerías por montos que superan los 1.300 millones de pesos. La empresa Krah resultó adjudicataria en licitaciones realizadas entre 2015 y 2017.
El informe de Interacción será incorporado como prueba documental en la causa penal que investiga presuntas irregularidades en la licitación, la calidad de los insumos y el destino de los fondos. En paralelo, OSSE recurrió al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para una nueva evaluación técnica que podría resultar determinante.
Si ese organismo confirma las conclusiones, el escenario sería crítico: las cañerías deberían ser retiradas, la obra quedaría paralizada y la Provincia debería continuar afrontando el pago del crédito internacional sin contar con la infraestructura en funcionamiento.
En este contexto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y no descarta nuevas medidas, mientras intenta determinar si detrás de la ejecución del Acueducto Gran Tulum existió un delito y quiénes serían los responsables.