Los intendentes basualdistas Marcelo Orrego, de Santa Lucía, y Fabián Martín, de Rivadavia, socios de Cambiemos, fueron los únicos que este año volvieron a recibir un guiño del Gobierno nacional: 10 millones de pesos para cada uno en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Y ambos jefes comunales reconocieron que destinaron parte de esos fondos a pagarle el sueldo a becarios y pasantes, ya que son los que están en el tope del listado de los municipios con mayor cantidad de ese tipo de personal. El tema había desatado polémica en abril, cuando en el Ejecutivo provincial cuestionaron que ambas gestiones departamentales habían ido incrementando trabajadores no registrados en los últimos años, lo que derivaba en un crecimiento exponencial del plantel de empleados. Por lo visto, no hubo reducción en ese sentido y el año que viene los intendentes deberán arreglarse en materia salarial con la plata que les corresponda de la nueva ley de coparticipación.

Martín destacó que casi el 50 por ciento de los 10 millones de pesos del ATN lo envió a aumentar y pagar el sueldo de becarios debido a la reducción que dispuso la gestión uñaquista cuando envió la ayuda económica sólo para reforzar los salarios de la planta permanente y de contratados. Escuetamente y sin precisiones, Orrego resaltó a través de un mensaje que parte de la plata de Nación "fue destinada a saldar el recorte que tuvimos de la provincia". Desde el Ejecutivo local habían aclarado que el auxilio salarial era para el personal efectivo y para aquellos que tienen contratos de colaboración. Frente a las críticas que habían surgido de los diputados de esos departamentos, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, había disparado con munición gruesa, ya que había señalado que el Estado "no puede financiar la ineficiencia de Rivadavia y Santa Lucía", debido al aumento que habían experimentado en pasantes y becarios, trabajadores que no se encuentran registrados. Según información de la repartición, el rivadaviense había recibido la comuna, en diciembre de 2015, con 833 pasantes y casi dos años después, la cifra trepó a 1.208 mientras que el santaluceño tenía 535 trabajadores temporales en 2012 y al 30 de diciembre 2017 los aumentó a 887. Inclusive el gobernador Sergio Uñac había sido muy duro, ya que había remarcado que "los municipios no pueden ser un lugar donde se deba cobijar a todos los que de alguna manera participan de las campañas políticas".

En ese escenario, ambos jefes comunales recibieron del Gobierno macrista, entre septiembre y octubre, 10 millones de pesos de ATN. No es la primera vez que embolsan estos fondos durante esta gestión, a pesar de que Martín ha venido siendo el más crítico con respecto a las medidas que ha tomado la administración de Cambiemos, mientras que Orrego hace unos meses propuso cambiarle el nombre al frente y ponerle uno más ligado a la realidad local, teniendo en cuenta adelantamiento de las elecciones provinciales, cosa que finalmente sucedió. Rivadavia y Santa Lucía han sido los municipios más mimados en cuanto a la llegada de los aportes nacionales que maneja el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pero también han habido otros que han embolsado recursos, aunque todos han sido del basualdismo, principal aliado del frente Cambiemos (ver recuadro).

Tanto Orrego como Martín señalaron que con el resto del dinero de los ATN de este año fue a parar al mantenimiento de la prestación de los servicios públicos y obras menores.

El reparto de los ATN

Según los registros, en 2016, la comuna de Ullum, al mando de Leopoldo Soler, recibió 5 millones de pesos; la de Rivadavia, a cargo de Martín, 3 millones; la de Caucete, con Julián Gil a la cabeza, 1 millón; mientras que la de 9 de Julio, con Gustavo Nuñez al frente, tan sólo 400 mil pesos. El año pasado se sumó Santa Lucía, de Marcelo Orrego, con 8 millones de pesos, mientras que Rivadavia recibió otros 8 millones y Caucete, 4 millones más.

El fondo de los ATN se compone con el 1 por ciento del total de los impuestos coparticipables y se destina "a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales", según la ley 23.548. Dichos aportes, creados durante el menemismo, siempre han estado en la mira por su manejo discrecional, como herramienta de premio o castigo.