Frente al paro dispuesto a partir de hoy en el área de la Salud pública, la Subsecretaría de Trabajo de la provincia le mandó una resolución al Sindicato Médico para que se siente a dialogar en una audiencia de conciliación prevista para mañana. La medida apunta a garantizar los servicios mínimos en los hospitales estatales, pero los gremialistas ya anunciaron que no se presentarán y que seguirán adelante con el plan de lucha. El titular del organismo laboral advirtió que si no asisten al encuentro, el gremio puede sufrir duras multas.

El paro, que se extenderá hasta el lunes, fue anunciado por el Sindicato Médico hace dos semanas y es en reclamo del 82 por ciento móvil para los jubilados del sector, la titularización de los interinos y un aumento salarial superador al 25 por ciento que concedió el Gobierno. Así, el gremio que encabeza Daniel Sanna sigue envuelto en un fuerte protesta, que lo ha convertido en el más aguerrido del sector estatal.

Trabajo emitió una resolución convocando a una audiencia de conciliación a los médicos y a las autoridades del Ministerio de Salud. Se fijó para mañana a las 12 y el objetivo, según contó el titular del organismo, Roberto Correa Esbry, “es garantizar los servicios mínimos, establecer cómo se van a dar las prestaciones de un servicio que es es esencial para la gente”.

Desde el gremio, aseguraron que no irán. “La resolución es ambigua, nos reconocen el derecho de hacer un paro y por el otro dicen que no somos sindicatos”, sostuvo el secretario adjunto del Sindicato, Pablo Flores, que a su vez agregó: “No vamos a asistir, las guardias mínimas están garantizadas”.

Los médicos habían anunciado públicamente una huelga de una semana, a contar desde ayer, pero a Trabajo le notificaron que será los días 21, 22 y 25. Flores explicó que “el paro empezó hoy (por ayer) y no lo informamos porque es feriado”; y aclaró que se extenderá “hasta el lunes”, es decir una duración de 6 días en total.

Ante la negativa de los médicos, Correa Esbry se mostró cauto y dijo que esperarán la reunión. No obstante, aseguró que tienen facultades para “actuar de la misma forma que cuando se viola una conciliación obligatoria”. Esto es, aplicarle al gremio una “multa de 5.000 pesos por cada trabajador que adhiera”.