Desde al menos 2016 cobra un sueldo por el cargo político como miembro del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (Copesj) y salió ayer a la luz que también percibe su salario como empleado de planta permanente del Concejo Deliberante de la Capital, pese a que en este último puesto tenía una licencia sin goce de haberes. Se trata del arquitecto Jorge Rosales, a quien el Tribunal de Cuentas le marcó la irregularidad administrativa y le formuló el llamado cargo, la imputación por el posible perjuicio patrimonial para las arcas de la Ciudad. El monto asciende a casi 730 mil pesos y no es el único involucrado, ya que también figuran cuatro funcionarios capitalinos que dejaron pasar la anomalía que, de confirmarse, todos deberán devolver la plata en partes iguales. Al tanto de la situación, en el Ministerio de Hacienda, de quien depende el Copesj, decidieron echar a Rosales, informaron fuentes oficiales.

El arquitecto carga con trayectoria política, ya que fue ministro de Desarrollo Humano en la primera gestión giojista, luego de que perdiera la elección de intendente en 2003. Cuatro años después asumió como presidente del Concejo Deliberante de Capital en la primera victoria de Marcelo Lima.

Todo se desencadenó a partir del estudio por parte del organismo de control del gasto público de la cuenta 2017 del municipio de Capital. En la muestra, se detectó que Rosales gozaba de un permiso especial para ausentarse de su puesto en el Concejo Deliberante y, por ende, no recibir su salario. Es que se venía desempeñando (y cobrando) como integrante del Copesj, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo dedicado a la planificación, diseño y asesoramiento de políticas públicas. Pero el análisis de los movimientos y transferencias de la comuna reveló que, pese a la licencia sin goce de haberes, seguía embolsando su remuneración, además de la que percibía por parte de la provincia. Según las fuentes, el Tribunal de Cuentas entendió que transgredió la ley de Ética Pública, el Convenio Colectivo de Trabajo y un decreto del Concejo Deliberante capitalino. 

El órgano de contralor también contempló como responsables solidarios al jefe de Personal del Concejo, Gerardo Ávila; al liquidador de Sueldos, Juan Carlos Vargas; a la directora de Recursos Humanos, Marisol Rabiti, y al auditor General, Elio Castro López. Según las fuentes, todos quedaron involucrados por no detectar y dejar pasar la irregularidad administrativa. La suma que se le pagó indebidamente a Rosales fue de 729.173 pesos, por lo que cada uno de ellos deberá devolver 145.834 pesos de sus bolsillos, en el caso de que se confirme el cargo.

En el Gobierno cayó pésima la situación de Rosales, al punto que desde el Ministerio de Hacienda resolvieron desplazarlo del cargo en el Copesj.

El procedimiento administrativo establece que, una vez notificados de la resolución del Tribunal (cuya decisión salió por unanimidad a fines de abril), los implicados tienen 15 días hábiles para presentar documentación y tratar de zafar del cargo. Tras ese paso, siguen otras instancias de revisión hasta la ejecución.

Instancias

Si los implicados no pueden justificar el cargo, el Tribunal los declarará responsables del perjuicio patrimonial al municipio. Tras esa instancia, pueden pedir que el Tribunal revea su decisión y de no conseguirlo, les queda recurrir a la Corte de Justicia. Si se confirma ese paso, Fiscalía de Estado ejecuta el cobro.