El diputado nacional Cristian Andino confirmó que se presentará de manera presencial el próximo 10 de noviembre en la audiencia por la causa del Acueducto Gran Tulum, luego de que la jueza Mónica Lucero volviera a rechazar el pedido de su defensa para que pudiera participar por Zoom. El legislador aseguró que respetará la decisión judicial, aunque insistió en que su planteo buscaba compatibilizar la citación con sus responsabilidades en el Congreso.
La audiencia está prevista para las 14.30 y la resolución de la magistrada ratificó que Andino deberá concurrir personalmente. La defensa, encabezada por el abogado Guillermo Toranzo, había solicitado la modalidad virtual con el argumento de que el diputado tenía compromisos laborales vinculados con su actividad legislativa.
Ante la primera negativa, los representantes legales presentaron un recurso de revocatoria, un planteo de nulidad y una apelación subsidiaria. Sin embargo, Lucero volvió a rechazar el pedido y mantuvo la obligación de que el legislador se presente en forma presencial.
Tras conocerse la decisión, Andino difundió un mensaje en el que confirmó que acatará lo dispuesto por la jueza y defendió su conducta pública. “Por supuesto que estoy y siempre estaré a disposición de la Justicia. Si algo ha marcado mi vida pública es la transparencia, y los sanjuaninos lo saben. Todas mis cuentas fueron siempre aprobadas por los organismos de control, sin observaciones”, expresó.
El diputado también sostuvo que es el principal interesado en que la investigación avance y cuestionó el accionar de los fiscales que intervienen en el expediente. “Considero que existe una clara intencionalidad política de desprestigiar mi figura, que se refleja en el accionar de los fiscales que llevan adelante la investigación por una función que desempeñé hace 11 años”, afirmó.
En su explicación sobre el pedido para conectarse de manera remota, Andino remarcó que su intención era cumplir con sus obligaciones parlamentarias, en particular por su participación en la Comisión de Presupuesto, que trabaja en el tratamiento de una ley considerada clave para el país.
“Mi pedido de participar de manera virtual en la audiencia tiene un único objetivo: poder cumplir también con mis responsabilidades como diputado nacional, especialmente en estos días en los que, como integrante de la Comisión de Presupuesto, estamos trabajando en el tratamiento de una ley fundamental para el país”, señaló.
Pese a sus cuestionamientos, el legislador aseguró que respetará la resolución judicial. “Por supuesto, respeto la decisión de la jueza y voy a cumplirla. Solo espero que la audiencia no me impida cumplir con las responsabilidades que los sanjuaninos me confiaron”, manifestó.
El fiscal de la causa, investigado por la Justicia Federal
La disputa por la competencia judicial en la causa del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Comodoro Py. Sebastián Gómez, uno de los fiscales de la UFI Delitos Especiales que investiga las presuntas irregularidades en la obra hídrica, fue notificado formalmente de una denuncia penal en su contra por presunta resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y falsedad ideológica.
La presentación fue impulsada por Sergio Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) e investigado en el expediente provincial. El documento, fechado el 28 de octubre, identifica la causa como CFP 5210/2026, Caso Coirón N.º 192985/2026, y establece que el objeto de la investigación es determinar si Gómez incurrió en conductas penalmente relevantes al informar sobre el legajo MPF-SJ-33347-2025, requerido por el Juzgado Federal N.º 1 en el marco de la causa CFP 5004/2026, vinculada con el Acueducto Gran Tulum.
La comunicación, firmada digitalmente por Javier Alberto D'Elio, prosecretario letrado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 de la Capital Federal, solicita que Gómez sea notificado personalmente de la existencia de las actuaciones y de su condición de denunciado, de acuerdo con los artículos 73 y 279 del Código Procesal Penal de la Nación.