La investigación sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete sumó nuevos datos. Los gastos declarados junto a su esposa, Bettina Angeletti, pasaron de $1,8 millones en 2023 a $113,3 millones en 2024. Además, en junio de 2026 registraron consumos con tarjetas por $18,3 millones. La Justicia le dio 15 días para explicar las diferencias detectadas.
Adorni deberá dar explicaciones: sus gastos familiares aumentaron más de $111 millones en un año
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La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la atención judicial. Un informe técnico incorporado al expediente determinó que los gastos del exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti, aumentaron en $111.506.422,45 en apenas un año.
La Justicia le pidió a Manuel Adorni que justifique el crecimiento de su patrimonio
En 2023, el matrimonio había declarado erogaciones por $1.801.864,24, mientras que al cierre de 2024 esa cifra había escalado hasta $113.308.286,69, cuando Adorni ya se desempeñaba como vocero presidencial. Según la reconstrucción judicial, los gastos se multiplicaron más de 60 veces entre ambos períodos.
A esos números se suman los consumos registrados durante junio de 2026, último mes de Adorni en el Gobierno. Él y Angeletti acumularon $18.313.000 en gastos con tarjetas de crédito, frente a $8.553.000 en mayo. Esto representa un aumento mensual del 114,1%.
La comparación interanual también mostró un incremento: los consumos con tarjetas habían sido de $13.204.000 un año antes. Según los datos difundidos, esa evolución quedó 3,9% por encima de la inflación del período.
La investigación encabezada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, reconstruyó ingresos comprobados por $229.752.283,20 para el matrimonio y gastos por $272.820.832,20. La diferencia asciende a $43.068.549 y es uno de los puntos que Adorni deberá justificar.
También quedaron bajo análisis distintas operaciones realizadas durante el período investigado, entre ellas:
Pollicita otorgó al exfuncionario un plazo de 15 días para presentar documentación y explicar el origen de los fondos utilizados en esas operaciones. La investigación continúa abierta y las inconsistencias señaladas por la fiscalía no implican por sí mismas una condena ni la acreditación de un delito.
