El excandidato a gobernador de Unidos por San Juan presentó en Diputados un proyecto para crear un régimen extraordinario de alivio para familias endeudadas.
Marcelo Arancibia volvió a poner un pie en la discusión política sanjuanina con una iniciativa que apunta a uno de los problemas que atraviesan a muchas familias: el crecimiento de las deudas y el peso que tienen los préstamos, las tarjetas y las compras financiadas sobre los ingresos.
El abogado, referente del GEN y expresidente del Foro de Abogados, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana para crear el denominado “Régimen Provincial Extraordinario de Alivio y Regularización del Sobreendeudamiento Familiar”. El proyecto fue dirigido al presidente nato de la Legislatura, Fabián Martín, y busca que un legislador o un bloque lo adopte formalmente para que pueda avanzar dentro de la Cámara.
La aparición de Arancibia se da, además, mientras avanza en la construcción de un nuevo espacio político con vistas a 2027. El dirigente busca darle forma a Compromiso, una estructura con la que pretende volver a disputar protagonismo electoral después de su candidatura a gobernador en 2023, cuando compitió dentro del lema Unidos por San Juan.
La propuesta que ahora llevó a Diputados plantea declarar durante 12 meses la emergencia provincial en materia de sobreendeudamiento familiar y protección de los ingresos. El programa estaría destinado a personas que estén en mora, que comprometan más del 30% de sus ingresos con deudas o que directamente no puedan afrontar sus obligaciones sin poner en riesgo las necesidades básicas del hogar.
Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer un esquema de “esfuerzo compartido” entre quienes deben dinero y las entidades que otorgaron los créditos. Arancibia plantea que el deudor debe transparentar su situación y realizar el máximo esfuerzo de pago compatible con el mínimo vital familiar, mientras que los proveedores deberían asumir parte del riesgo cuando hayan otorgado financiamiento sin evaluar correctamente la capacidad de pago o hayan aplicado cargos injustificados o refinanciaciones consideradas insostenibles.
La iniciativa también pone el foco en los descuentos que se realizan sobre los salarios de los empleados públicos. Propone que puedan solicitar durante un año la suspensión de códigos de descuento voluntarios destinados a préstamos, compras financiadas y otras obligaciones comerciales. La deuda, aclara el proyecto, no desaparecería ni sería condonada: se suspendería el mecanismo automático de cobro y el acreedor debería ofrecer una alternativa gratuita para continuar pagando.
Además, las deducciones voluntarias que continúen aplicándose no podrían llevar el haber disponible por debajo del 60% de la remuneración neta, una vez descontadas las retenciones obligatorias, alimentos y embargos judiciales.
Otro capítulo está dedicado específicamente al Banco San Juan. Arancibia propone que el Ejecutivo negocie una adenda al contrato de vinculación con el agente financiero provincial que contemple, entre otras medidas, la eliminación de cargos considerados ilegítimos, la condonación de intereses moratorios y punitorios, una reducción de los intereses compensatorios, 90 días de gracia y planes de pago de hasta 48 meses.
El proyecto también incorpora una medida vinculada al juego online. Plantea prohibir que los operadores de apuestas electrónicas autorizados en San Juan otorguen créditos, adelantos, saldos negativos u otros mecanismos de financiamiento para apostar. También busca impedir que el juego sea presentado como una alternativa para solucionar problemas de endeudamiento.
En paralelo, propone establecer pautas para un “crédito responsable y cobranza digna”, con la obligación de evaluar y documentar la capacidad de pago antes de conceder o refinanciar préstamos y restricciones a prácticas como amenazas, hostigamiento, simulación de actuaciones judiciales o contactos automatizados abusivos.
Arancibia busca, de esa manera, despejar una de las posibles críticas a una iniciativa de este tipo: sostiene expresamente que la Provincia no asumiría ni garantizaría las deudas privadas. El objetivo, según el comunicado, es generar acuerdos sostenibles y evitar que el pago de las obligaciones termine comprometiendo recursos indispensables para las familias.
La iniciativa contempla además la creación de un Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares, que publicaría estadísticas anónimas sobre morosidad, nivel de ingresos comprometidos, créditos bancarios y no bancarios, descuentos salariales y apuestas financiadas.
