El acuerdo le da a San Juan el control operativo de seis rutas nacionales por 20 años, con financiamiento provincial, obras estratégicas y la posibilidad futura de cobrar peaje.
El acuerdo entre el Gobierno sanjuanino y la Dirección Nacional de Vialidad fue por el Ejecutivo provincial hace una semana, pero todavía necesita el aval de la Cámara de Diputados para quedar listo. El convenio le encomienda a la Provincia la ejecución de obras, conservación, mejoramiento y mantenimiento integral de distintos tramos de rutas nacionales, con financiamiento provincial y por un plazo de 20 años.
El convenio fue suscripto el 10 de agosto por el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, en representación de San Juan, y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. El organismo nacional ya convalidó el acuerdo mediante una resolución del 11 de agosto, mientras que el Gobierno provincial lo remitió a la Legislatura para que este miércoles, en sesión especial, obtenga el OK.
Justamente, el convenio está "atado" de alguna manera al acuerdo de San Juan con la minera Vicuña por 250 millones de dólares. El gobernador Marcelo Orrego ya anunció que parte del desembolso de la firma internacional irá para la Ruta 40 Norte, una obra postergada durante décadas.
El acuerdo comprende tramos de las rutas nacionales 40 Sur, 40 Norte, 20, 153, 150 y 149. La cobertura incluye corredores estratégicos que atraviesan o conectan departamentos como Sarmiento, Albardón, Ullum, Jáchal, Iglesia y Calingasta, además de los accesos al área metropolitana.
La Provincia tendrá a su cargo desde tareas de conservación de calzadas y banquinas hasta reconstrucciones parciales o totales, mantenimiento de puentes, alcantarillas, iluminación, señalización, defensas y accesos. También podrá ejecutar las obras mediante administración o a través del sistema de contratación que considere conveniente, siempre dentro de la legislación provincial.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que no se limita a tareas de mantenimiento. El convenio incorpora una serie de proyectos de infraestructura vial considerados estratégicos para la Provincia.
En la Ruta Nacional 40 Norte, el corredor Albardón-Villicum-Talacasto-San Roque tiene una extensión estimada de 135 kilómetros. El proyecto contempla la duplicación de calzada en un sector, reconstrucción de calzada, adecuación de puentes, obras hidráulicas, nuevas alcantarillas y defensas contra aluviones. El documento vincula expresamente la intervención con el corredor logístico minero-calero.
En la Ruta Nacional 40 Sur, entre el límite con Mendoza y el sector de la RP 295, se proyecta una transformación de 49,31 kilómetros del corredor, con el objetivo de convertir la actual calzada simple en una autopista, con nuevas calzadas, banquinas pavimentadas, intersecciones seguras y obras de seguridad vial.
También aparece la Ruta Nacional 20, en el tramo Caucete-Río San Juan-Aeropuerto-Circunvalación, con una longitud estimada de 24,5 kilómetros, donde se prevén obras de ampliación y mejoramiento para incrementar la capacidad de circulación y mejorar la conexión con el área metropolitana y el aeropuerto.
A eso se suma un nuevo nudo vial en la intersección de las rutas nacionales 40 y 20, con distribuidores de tránsito, rampas de ingreso y egreso, mejoras en las calzadas, señalización y obras de seguridad para ordenar la circulación de vehículos livianos y pesados.
El paquete también contempla intervenciones en la RN 153, la RN 150, entre San Roque y Las Flores, y la RN 149, entre Bella Vista, en Iglesia, y Villa Nueva, en Calingasta. En este último caso, el proyecto incluye defensas, un puente sobre el río Castaño, alcantarillas y mejoras de calzada a lo largo de un tramo estimado en 125 kilómetros.
Una de las cláusulas centrales establece que el convenio tendrá una vigencia de 20 años, contados desde la aprobación del instrumento legal correspondiente en cada jurisdicción.
Durante ese período, la Provincia deberá aportar el financiamiento para las obras y tareas previstas, sin reembolso por parte de Vialidad Nacional. También deberá suministrar los equipos, materiales y mano de obra necesarios.
Las rutas, además, seguirán bajo jurisdicción nacional. Vialidad Nacional conservará facultades de supervisión y podrá aprobar o rechazar los trabajos. Una vez terminadas las obras, éstas pasarán a formar parte del patrimonio de Vialidad Nacional.
Otra de las cláusulas que sobresale es la que contempla la posibilidad de que San Juan implemente en el futuro un esquema de concesión de obra pública por peaje sobre alguno de los tramos incluidos en el convenio.
El acuerdo no establece un peaje ni fija tarifas. Lo que hace es dejar abierta esa posibilidad: si la Provincia decide avanzar, deberá adherir previamente a los términos del Decreto PEN 253/2026 y luego firmar un nuevo convenio específico con Vialidad Nacional, en el que se establecerán las condiciones técnicas, económicas y operativas de la eventual concesión.
El convenio también traslada a la Provincia una parte importante de las responsabilidades vinculadas con la ejecución. San Juan deberá elaborar los proyectos ejecutivos, preparar la documentación para las licitaciones, afrontar los gastos de esos procesos y, cuando corresponda, los costos de mensuras, liberación de trazas y expropiaciones.
Vialidad Nacional, por su parte, puede rescindir el convenio si la Provincia no inicia los estudios, proyectos u obras dentro de los 12 meses, si incumple las especificaciones técnicas o si no garantiza las condiciones mínimas de transitabilidad, seguridad y mantenimiento. También tiene la posibilidad de rescindirlo sin expresión de causa, con un aviso previo de 180 días.
El último paso para que el acuerdo quede completo en San Juan será, precisamente, el tratamiento legislativo. El Gobierno ya lo envió a la Cámara de Diputados para su aprobación. Tiene los votos para hacerlo. Habrá acompañamiento natural del oficialismo y además se sumarán sectores del peronismo.
