Tras la firma del convenio entre la Provincia y la minera, ahora comienza una secuencia administrativa y política que será determinante para que empiecen a llegar los fondos.
El anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre el acuerdo con la minera Vicuña, que prevé un aporte único, no reembolsable, ni compensable de 250 millones de dólares para financiar infraestructura en San Juan, marcó el inicio de un proceso que todavía debe atravesar varias instancias antes de que la Provincia pueda comenzar a recibir el dinero.
Aunque la firma del convenio ya se concretó, el desembolso no será inmediato. Según explicó a DIARIO DE CUYO el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, existe un procedimiento administrativo diseñado para garantizar que cada dólar aportado por la empresa tenga como destino una obra pública específica.
"El camino es, en primer lugar, la firma (que ya sucedió); segundo, la presentación del acuerdo para la ratificación en la Legislatura; lo tercero es que la Cámara lo apruebe cuanto antes, así la Provincia tiene plena seguridad y puede asignar obras y licitarlas", detalló el funcionario.
La aprobación legislativa aparece así como el próximo gran paso. Una vez que el convenio obtenga el aval de la Cámara de Diputados, el Gobierno provincial podrá avanzar formalmente con la asignación de los proyectos y el llamado a licitación.
Fernández aseguró que esa etapa ya está preparada. "La Provincia ya tiene proyectos en condiciones de empezar los procesos licitatorios", afirmó, dando a entender que el Ejecutivo viene trabajando desde hace tiempo en la planificación de las obras que serán financiadas con este esquema.
Sin embargo, el mecanismo acordado con Vicuña establece una condición clave: el dinero no llegará por adelantado, sino conforme avance la ejecución de las obras.
"Luego viene el proceso y el inicio de las obras. Acá primero tienen que estar las obras. A medida que se ejecutan, se transfieren los pagos. Permite garantizar que cada peso que invierte la minera tiene una obra asociada", explicó el ministro.
En otras palabras, el convenio funciona bajo un sistema de certificación de avances. La Provincia ejecuta las obras y, en función de ese progreso, la empresa realiza los desembolsos comprometidos. El objetivo, según el Gobierno, es asegurar la trazabilidad de los recursos y evitar que los fondos tengan otro destino.
Con el expediente próximo a ingresar a la Cámara de Diputados, Fernández también dejó un mensaje dirigido a todos los bloques legislativos. Incluido, naturalmente, la oposición del peronismo. El funcionario sostuvo que espera que la ratificación salga por unanimidad y destacó que el convenio toma como antecedente los acuerdos que San Juan firmó durante la gestión de José Luis Gioja con emprendimientos auríferos. "Seguimos el camino de los acuerdos de Gioja. Y lo mejoramos para la minería actual. Mejoramos los acuerdos", afirmó.
Fernández también buscó despejar una de las principales dudas surgidas tras el anuncio: el aporte de Vicuña no reemplaza ni modifica el régimen de regalías mineras.
"No tiene nada que ver con regalías. El acuerdo prevé que la contribución sea calculada sobre el valor de facturación. Es lo que hacen los yacimientos de oro y ahora lo hicimos para el cobre", sostuvo.
El funcionario explicó que el convenio fija dos compromisos distintos por parte de la empresa. El primero es el aporte extraordinario de 250 millones de dólares, mientras que el segundo comenzará cuando el proyecto entre en producción.
"Tenía que ser fruto de un acuerdo de las partes. Vicuña hace un aporte fijo de 250 millones de dólares y después, cuando opere, aportes del 1,5%", precisó.
Respecto al destino de los recursos, Fernández confirmó que el Gobierno ya tiene definidos los ejes sobre los que buscará concentrar las inversiones. Entre ellos mencionó rutas, con la Ruta Nacional 40 Norte como proyecto emblemático ya anunciado por Orrego; obras de saneamiento vinculadas a la gestión del agua; iniciativas de ordenamiento urbano; infraestructura para fortalecer la producción; además de inversiones en salud y educación. "Los fondos van a estar cuando estén las obras", remarcó el ministro.
