Los senadores comunicaron su decisión. Según pudo saber DIARIO DE CUYO, son los senadores por San Juan que hasta ahora rechazaron el incremento.
San Juan tiene 3 senadores.
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En medio de la polémica por el denominado “dietazo” en la Cámara alta, el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció que renunciará al aumento salarial previsto para los legisladores. Lo hizo a través de su cuenta en la red social X, donde justificó la decisión en el difícil contexto económico del país. Luego se le sumó Bruno Olivera, de LLA.
“En una Argentina golpeada por la economía, y donde millones de familias hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes, la política no puede vivir de espaldas a la realidad. Por eso, he decidido renunciar al aumento salarial previsto para quienes integramos el Senado de la Nación”, escribió el legislador sanjuanino.
En el caso de la senadora de Unión por la Patria, Celeste Giménez, cercana a La Cámpora, la posibilidad de renunciar al aumento no está en consideración por ahora, según indicaron fuentes del entorno. Por su parte, el senador libertario Bruno Olivera, de acuerdo a la información, consultó con la conducción de La Libertad Avanza y decidió seguir el mismo camino: no aceptar el aumento.
El incremento salarial que generó la polémica se vincula con el acuerdo alcanzado entre los sindicatos del Congreso y las autoridades parlamentarias, que establecieron una suba progresiva del 12,5% para el período comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.
El esquema contempla un aumento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero y 2,2% en febrero —lo que representa un 6,85% acumulado—, seguido por un 2% en marzo, un 1,7% en abril y un 1,5% en mayo.
Ese acuerdo impacta directamente en las dietas de los senadores porque parte de sus ingresos está atada a los módulos salariales del personal legislativo. Hasta noviembre de 2025, se estimaba que los integrantes de la Cámara alta percibían alrededor de 10,2 millones de pesos brutos mensuales. Ese monto se compone de 2.500 módulos salariales, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo.
Tras la firma del acuerdo, los gremios parlamentarios señalaron en un comunicado que el incremento “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma”. También aclararon que el aumento del 12,5% acumulado “no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando”.