Facundo Rojas Claria sostuvo que la información difundida es parcial y no fue verificada. Anticipó acciones legales si no hay rectificación.
Captura del programa TLN Investiga.
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El asesor letrado adjunto del Gobierno de San Juan, Facundo Rojas Claria, aseguró que las denuncias difundidas en un informe televisivo contra la gestión provincial y el gobernador Marcelo Orrego contienen información “parcial, no verificada y en algunos casos posiblemente adulterada”.
El funcionario explicó en Radio Sarmiento que existen dos planos en la situación: por un lado, el administrativo, donde —según afirmó— toda la documentación respalda la legalidad de las contrataciones; y por otro, el impacto de las expresiones públicas, que consideró agraviante para la figura del gobernador y la provincia.
Rojas Claria sostuvo que los documentos exhibidos serían planillas incompletas o manipuladas, que no reflejan el contenido total de los expedientes. Como ejemplo, mencionó que se presentó la compra de una bandera por más de un millón de pesos, cuando en realidad se trataba de 72 unidades.
Además, indicó que algunas interpretaciones son erróneas o tendenciosas, como en el caso de proveedores mencionados en el informe, aclarando que las contrataciones incluyen múltiples productos necesarios para el funcionamiento estatal.
El asesor confirmó que el gobernador decidió avanzar legalmente y que ya se enviaron cartas documento exigiendo rectificación o retractación en un plazo de 24 horas. En caso de no obtener respuesta, anticipó que se iniciarán acciones judiciales, principalmente de carácter civil por daños y perjuicios.
Por último, señaló que también se investiga el origen de la información difundida, sin descartar posibles filtraciones internas, y remarcó que el Gobierno busca esclarecer tanto la cuestión administrativa como el daño a la imagen institucional.