El Gobierno nacional formalizó este jueves el proceso para privatizar la operación del Belgrano Cargas y Logística, una de las empresas ferroviarias incluidas en el listado de compañías sujetas a privatización por la Ley de Bases.
El Gobierno nacional puso en marcha la licitación para privatizar la operación del Belgrano Cargas, con concesiones por 50 años, inversiones obligatorias por unos US$800 millones y un esquema de competencia por peajes.
Belgrano Cargas: la concesión prevé obras por al menos US$800 millones y abre la operación a distintas empresas.
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El Gobierno nacional formalizó este jueves el proceso para privatizar la operación del Belgrano Cargas y Logística, una de las empresas ferroviarias incluidas en el listado de compañías sujetas a privatización por la Ley de Bases.
La licitación fue autorizada mediante la resolución 1350/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se realizará a través de la plataforma Contrat.Ar. El esquema contempla concesiones por 50 años para la infraestructura ferroviaria de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, además de talleres, material rodante e inmuebles aledaños.
La iniciativa establece una separación de la empresa en distintas unidades de negocio y apunta a que los futuros operadores compitan por el uso de las vías mediante un sistema de peajes, con tarifas sujetas a bandas de referencia.
Uno de los principales requisitos de la licitación será el compromiso de inversión. Los futuros concesionarios deberán ejecutar obras obligatorias por alrededor de US$800 millones en las tres líneas.
Los trabajos tendrán que completarse durante los primeros cinco años desde la toma de posesión. Además, los oferentes podrán presentar proyectos adicionales que no sean obligatorios y que otorgarán puntaje extra durante la evaluación de las propuestas.
El objetivo oficial es que las empresas puedan decidir dónde realizar esas inversiones adicionales para captar mayor volumen de carga y mejorar el uso de la infraestructura ferroviaria.
En paralelo, el Gobierno estima en unos US$500 millones el valor del material rodante correspondiente a las tres líneas. Los recursos obtenidos por su venta serán destinados a un fideicomiso que servirá para financiar parcialmente las obras obligatorias.
El mecanismo prevé que el concesionario adelante el financiamiento para ejecutar los trabajos y, a medida que avance con las obras, pueda recibir los desembolsos correspondientes del fideicomiso.
El nuevo esquema permitirá que distintos operadores utilicen las vías mediante el pago de un peaje. Los oferentes deberán establecer un valor máximo que cobrarán por el uso de la infraestructura.
A menor tarifa propuesta, mayor será el puntaje que obtendrá el participante en el proceso de selección. De esta manera, el Gobierno busca incentivar una competencia que reduzca los costos para quienes transporten cargas por ferrocarril.
Las empresas podrán presentarse para operar diferentes tramos de las vías y también podrán optar por participar por hasta el 50% del material rodante.
El pliego también establece una condición que ya genera especial atención: no podrán participar como oferentes empresas estatales, provinciales o compañías sujetas al control directo o indirecto de Estados soberanos.
La restricción alcanza también a empresas o sociedades cuya titularidad sea estatal. El Gobierno considera esta disposición como una cláusula “anti-China”, en un proceso en el que busca evitar la participación de compañías controladas por otros Estados.
Los interesados también podrán solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, deberán manifestarlo expresamente al momento de presentar la oferta y contemplar ese régimen en su modelo financiero. La adhesión no será automática y deberá ser evaluada por las autoridades correspondientes.
El proceso establece que el 28 de octubre será la fecha límite para realizar consultas sobre los pliegos, mientras que la apertura de las ofertas está prevista para el 11 de noviembre.
Una vez cumplidas las distintas etapas de evaluación, la expectativa del Gobierno es adjudicar las concesiones y concretar la transferencia de la operación durante 2027.
El Ejecutivo sostiene que uno de los principales problemas del sistema ferroviario argentino es la baja densidad de carga: circulan pocos trenes en relación con la extensión de las vías que deben mantenerse.
Actualmente, menos del 5% de la carga del país se transporta por tren, mientras que el objetivo oficial de largo plazo apunta a llevar esa participación al 20%-25%. Alrededor del 80% de la carga ferroviaria actual corresponde a cereales.
