El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que busca cambiar las reglas con las que funciona la principal autoridad monetaria del país.
El proyecto tomará estado parlamentario el lunes. Propone limitar la emisión para asistir al Tesoro, modificar el objetivo principal del organismo y reforzar la estabilidad de sus autoridades.
El Gobierno envió al Congreso la reforma del Banco Central: qué cambiará y cuándo comenzará a tratarse.
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El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que busca cambiar las reglas con las que funciona la principal autoridad monetaria del país.
El texto fue presentado durante la noche del jueves, después del cierre de la mesa de entradas. Por ese motivo, recién el lunes 3 de agosto tomará estado parlamentario y podrá ser girado a las comisiones encargadas de analizarlo. Todavía no existe una fecha para su debate en el recinto.
La Carta Orgánica es, en términos sencillos, la ley que determina cuáles son los objetivos del Banco Central, qué operaciones puede realizar, cómo se eligen sus autoridades y qué límites debe respetar. La propuesta impulsada por Javier Milei pretende modificar varios de esos puntos para impedir que futuras administraciones utilicen la emisión monetaria como una fuente de financiamiento del gasto público.
Uno de los principales cambios será la definición de una misión única para el organismo: preservar el valor de la moneda. Actualmente, la Carta Orgánica también le asigna la tarea de promover la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Esa redacción fue incorporada en la reforma aprobada en 2012.
El segundo eje busca prohibir que el Banco Central financie al Estado mediante emisión, tanto al Tesoro nacional como a las provincias y municipios. También se impediría que compre títulos públicos directamente cuando son emitidos por el Gobierno.
En la actualidad, el Banco Central puede otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional dentro de determinados límites. La legislación vigente permite una asistencia equivalente al 12% de la base monetaria, más otros porcentajes calculados sobre los ingresos en efectivo del Estado, siempre bajo plazos de devolución.
En términos prácticos, la reforma busca cerrar esa vía. Si el Estado gasta más de lo que recauda, ya no podría recurrir al Banco Central para obtener pesos nuevos. Debería cubrir la diferencia mediante una reducción de gastos, mayores ingresos o financiamiento en el mercado de deuda.
Desde el Gobierno sostienen que esta limitación evitaría que el déficit fiscal sea trasladado a los precios a través de una mayor cantidad de dinero en circulación. Sin embargo, la modificación no produciría por sí sola una baja inmediata de la inflación: su resultado dependerá también del equilibrio de las cuentas públicas, la política cambiaria y el manejo general de la economía.
La propuesta también apunta a otorgar mayor independencia al presidente y al directorio del Banco Central. El Gobierno pretende exigir una mayoría de dos tercios del Congreso para removerlos, con el argumento de evitar que sean desplazados por decisiones políticas de corto plazo.
Actualmente, los integrantes del directorio pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo ante incumplimientos, inhabilidades o mala conducta, con la intervención previa de una comisión del Congreso. La reforma elevaría considerablemente las exigencias para concretar esa decisión.
Otro cambio está relacionado con las utilidades del Banco Central. Bajo la normativa vigente, una parte de las ganancias que no se destina a capitalizar la institución o formar reservas puede transferirse al Gobierno nacional. El proyecto busca restringir esa posibilidad y crear una reserva técnica que no pueda distribuirse para financiar gastos.
También se plantea eliminar las denominadas Letras Intransferibles, títulos entregados por el Tesoro al Banco Central en distintas operaciones financieras. Para el Ejecutivo, esos instrumentos deterioraron el patrimonio de la entidad y permitieron reemplazar activos líquidos por documentos que no podían venderse libremente.
El proyecto quedará formalmente incorporado al trámite legislativo el próximo lunes. Luego deberá ser enviado a las comisiones correspondientes, donde los diputados podrán discutirlo, convocar especialistas, introducir modificaciones y elaborar uno o más dictámenes.
Recién después de esa instancia podrá llegar al recinto de la Cámara de Diputados. En caso de obtener media sanción, deberá pasar al Senado. Por lo tanto, la presentación del proyecto no significa que los cambios ya estén vigentes.
Hasta el momento, el Gobierno difundió los cinco ejes principales, pero no había publicado oficialmente el articulado completo. La redacción definitiva será clave para conocer el alcance exacto de las prohibiciones, las condiciones para remover autoridades y el tratamiento de los activos y las utilidades del Banco Central.
La reforma forma parte de un paquete económico más amplio que incluye cambios en el mercado de capitales, el sistema de seguros y una regla fiscal permanente para impedir la aprobación de presupuestos deficitarios. El oficialismo deberá ahora reunir los votos necesarios para convertir una de sus principales apuestas económicas en ley.
