La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas expresó su preocupación por el Decreto 467/2026, al considerar que debilita la transparencia, la participación ciudadana y los criterios de representación federal en la designación de magistrados.
La presidenta de JUFEJUS, Emilia María Valle.
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La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) emitió una declaración en la que manifestó su preocupación por el Decreto Nacional 467/2026, mediante el cual se modifican los mecanismos de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores.
En el documento, la entidad ratificó los conceptos expresados en una declaración anterior, difundida el 22 de marzo de 2024, y sostuvo que la integración de los máximos órganos judiciales debe respetar principios fundamentales como la idoneidad, la paridad de género, la representación federal y la especialidad jurídica.
La JUFEJUS remarcó que estos criterios no constituyen simples decisiones de oportunidad política, sino que surgen de exigencias constitucionales, compromisos internacionales asumidos por la Argentina y de la propia naturaleza federal del Estado.
En ese sentido, advirtió que cualquier modificación de los mecanismos de selección que prescinda o debilite esos principios representa “un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país”.
Uno de los puntos más cuestionados por la entidad es la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003. Según expresaron los representantes de los máximos tribunales provinciales, esa decisión implica un “grave retroceso institucional” porque restringe mecanismos de participación ciudadana y debilita instancias de transparencia, publicidad y control democrático en los procesos de designación.
Además, sostuvieron que la reforma afecta la confianza pública en las instituciones al reducir herramientas que históricamente contribuyeron a fortalecer la legitimidad de las designaciones judiciales.
La declaración también afirma que la nueva normativa resulta incompatible con el principio constitucional de progresividad de los derechos, ya que vulnera garantías democráticas esenciales y limita la transparencia en la selección de magistrados y magistradas.
El documento fue suscripto por la presidenta de JUFEJUS, Emilia María Valle; el vicepresidente Sergio Fabián Vittar y la secretaria Adriana Verónica García Nieto.