La norma ya completó su etapa técnica y entró en revisión legal. El Repromin será desarrollado por una empresa privada que deberá ser seleccionada mediante una licitación del Gobierno provincial.
La Ley de Desarrollo Local Minero avanza hacia su puesta en marcha y el Gobierno de San Juan ya tiene definido cómo instrumentará dos de las principales herramientas que contempla la norma. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, confirmó que la reglamentación ya completó su etapa técnica y que ahora atraviesa una revisión legal, mientras que el Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin) será desarrollado por una empresa privada que será seleccionada mediante una licitación.
Perea dio los detalles durante una rueda de prensa y aseguró que el Ejecutivo mantiene el objetivo de cumplir con el plazo de 60 días establecido para reglamentar la ley. De ese período ya transcurrieron unos 40 días, por lo que restan aproximadamente tres semanas para completar el proceso.
“Si yo fuera la única lapicera, para mí la reglamentación ya está completa, pero queda una instancia de revisión por otros profesionales”, explicó el ministro, en referencia al paso que actualmente atraviesa el texto dentro del Gobierno provincial.
La norma apunta a que el crecimiento de la actividad minera tenga un impacto mayor en la economía sanjuanina, a través de la incorporación de proveedores, trabajadores y empresas de la provincia y, particularmente, de las zonas de influencia de los grandes proyectos. El esquema busca desarrollar capacidades locales sin establecer cuotas obligatorias, sino mediante mecanismos e incentivos que permitan aumentar progresivamente la participación sanjuanina.
En ese sentido, la ley fija como objetivos de largo alcance llegar hasta un 80% de empleo local y un 60% de compras sanjuaninas en los grandes proyectos mineros.
Uno de los instrumentos centrales será el Registro Provincial de Proveedores Mineros, conocido como Repromin. Se trata de una plataforma tecnológica que permitirá identificar y ordenar a las empresas que puedan ofrecer bienes y servicios a la industria minera y determinar cuáles cumplen con las condiciones para ser consideradas proveedoras locales.
Sobre este punto, Perea confirmó que el Gobierno no desarrollará directamente la herramienta, sino que contratará a una empresa privada mediante un proceso de licitación. Por el momento, no fue informado cuál será la firma que tendrá a su cargo el desarrollo del registro, ya que primero deberá completarse el proceso de selección.
El Repromin será complementado con otra herramienta: una matriz de impacto socioeconómico. El objetivo es que ese instrumento permita medir de manera pública cómo se distribuye el impacto de la actividad minera en materia de proveedores y empleo.
“Esa matriz va a expresar la cantidad de proveedores locales, locales de comunidades, de la República, trabajadores de la zona de influencia directa a indirecta y todo lo que dice la ley, los planes que tienen que cumplir las empresas proveedoras”, detalló Perea.
Según estimó el ministro, una vez que la reglamentación esté aprobada, la construcción de esa matriz demandará alrededor de 30 días adicionales.
El esquema diseñado por la Provincia busca que la ley no quede limitada a una declaración de intenciones, sino que cuente con herramientas para medir cuánto del movimiento económico generado por los proyectos mineros queda efectivamente en San Juan.
“La ley tiene el espíritu de desarrollar el talento local manteniendo un mercado competitivo”, resumió Perea, al remarcar que el objetivo es ampliar la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos.
