José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino presentaron un proyecto para derogar el artículo 154 del DNU 70/2023 y recuperar las restricciones para la propiedad rural extranjera.
El jefe del bloque kirchnerista en el Senado, José Mayans.
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Un día después de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto la sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales, senadores del peronismo presentaron un proyecto para restituir la Ley 26.737 y volver a limitar la tenencia de campos por parte de extranjeros. La iniciativa lleva las firmas de José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino.
La propuesta busca derogar el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había eliminado la vigencia de la normativa sancionada en 2011. La decisión de la Corte dejó nuevamente operativo ese artículo del decreto y, por lo tanto, sin efecto las restricciones que establecía la Ley de Tierras.
Los senadores argumentaron que el suelo rural debe ser considerado un recurso estratégico y defendieron la intervención del Congreso para establecer nuevamente límites a la propiedad extranjera. Según plantearon, la Ley 26.737 no impedía la inversión extranjera productiva, sino que fijaba restricciones que, a su entender, eran comparables con regulaciones existentes en otros países.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía que las personas y empresas extranjeras no podían superar el 15% de la titularidad o posesión de las tierras rurales del país. El mismo porcentaje regía para cada provincia y municipio.
Además, una persona o empresa extranjera de una misma nacionalidad no podía controlar más del 30% del cupo disponible para extranjeros. La legislación también establecía restricciones sobre la superficie que podía adquirir un mismo titular, con un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o una superficie equivalente según la ubicación.
El proyecto presentado ahora por Mayans, di Tullio y Salino apunta a recuperar ese esquema regulatorio y a dejar nuevamente sin efecto la modificación introducida por el DNU de 2023.
La discusión parlamentaria se reactivó luego del fallo de la Corte Suprema, que revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
El máximo tribunal rechazó la demanda promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), al considerar que la entidad no tenía legitimación para plantear esa acción. De esta manera, la decisión judicial que había impedido la aplicación del artículo quedó sin efecto.
La propia Corte informó que las sentencias correspondientes al acuerdo de ministros del 29 de septiembre de 2026 ya fueron publicadas en su Secretaría de Jurisprudencia.
Con el fallo como nuevo punto de partida, el bloque justicialista del Senado decidió trasladar la discusión nuevamente al terreno legislativo. El proyecto sostiene que, ante la ausencia de una definición judicial sobre la constitucionalidad de fondo del régimen, corresponde al Congreso establecer las reglas sobre la propiedad de tierras rurales.
Los autores de la iniciativa sostienen que la recuperación de la Ley 26.737 es necesaria para reforzar los controles sobre la propiedad extranjera y evitar una concentración que consideran inconveniente para el país. Se trata, en cualquier caso, de una propuesta legislativa que deberá atravesar el tratamiento parlamentario correspondiente.
El escenario legislativo agrega otra particularidad: el Senado ya había rechazado el DNU 70/2023, aunque el decreto continúa su trámite constitucional en la Cámara de Diputados. La nueva iniciativa busca abordar específicamente el artículo referido a la Ley de Tierras y recuperar mediante una ley las restricciones que quedaron sin efecto tras la decisión de la Corte.
Así, el fallo judicial volvió a colocar en el centro de la discusión política la propiedad extranjera de tierras rurales, un tema que el peronismo pretende reinstalar en el Congreso mientras el Gobierno de Milei mantiene vigente el esquema establecido por el DNU 70/2023.
