La nueva ley nacional obliga a adecuar el procedimiento al sistema acusatorio. En la provincia ya hay un borrador que plantea cambios en la estructura judicial, la especialización de los magistrados y un esquema de revisión de las sentencias que todavía debe ser consensuado.
San Juan ya tiene listo el proyecto legislativo con el que buscará adecuar su sistema de Justicia de Menores al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. Sin embargo, la adhesión no será simplemente la incorporación de una nueva norma: obligará a la provincia a realizar una readecuación estructural del Poder Judicial, modificar el sistema procesal vigente y poner en marcha nuevos mecanismos para el seguimiento y la reinserción de los adolescentes que ingresen al sistema penal.
Así lo explicó el asesor Letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, en diálogo con DIARIO DE CUYO. El funcionario confirmó que el borrador legislativo ya está terminado y que fue puesto a consideración de los distintos actores involucrados. La intención oficial es discutirlo con la Corte de Justicia el próximo miércoles 9 de septiembre, incorporar las modificaciones que surjan del intercambio y luego enviarlo a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El cambio tiene una particularidad central: San Juan deberá adaptar una Justicia de Menores que actualmente funciona bajo un sistema inquisitivo mixto a un régimen de carácter acusatorio, tal como establece la nueva legislación nacional. La transformación, cuya primera señal será la acordada de la Corte para ordenar la Justicia de manera transitoria, tendrá puntos de contacto con la reforma que atravesó la Justicia Penal de adultos en la provincia a partir de 2021, cuando comenzaron a cambiar los roles de jueces, fiscales y defensores y la manera de llevar adelante los procesos.
Ferrari explicó que la adecuación tendrá una doble dimensión. Por un lado, deberá modificarse la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial. La nueva normativa exige tribunales especializados en materia penal juvenil y, en consecuencia, la provincia deberá contar con jueces específicamente abocados a este tipo de causas.
Actualmente, San Juan tiene dos jueces de Menores, Jorge Toro y María Julia Camus, pero el nuevo esquema podría generar una mayor demanda y, sobre todo, exige una estructura diferente para atender los procesos.
"Somos todos contestes en que va a ser necesario la designación de más jueces", señaló Ferrari, aunque aclaró que la decisión final sobre la organización interna del Poder Judicial corresponde a la Corte de Justicia.
La transformación también alcanzará al sistema de revisión de las sentencias. El proyecto que trabaja el Gobierno contempla eliminar la instancia de las cámaras de apelación penales tradicionales para los casos de menores. En su lugar, jueces de un mismo nivel actuarán como órganos de revisión de las decisiones adoptadas por sus pares.
El diseño tiene además una complejidad particular para los delitos que, de acuerdo con la nueva legislación, deban ser juzgados por tribunales colegiados. En esos casos, explicó Ferrari, una sentencia dictada por tres jueces no podría quedar sujeta a revisión por un único magistrado. Por eso, la provincia deberá terminar de definir cómo será esa estructura y cómo funcionará también en la Segunda Circunscripción Judicial.
El funcionario remarcó que esa adecuación tendrá, inevitablemente, impacto presupuestario, porque implicará nuevos cargos, estructuras y recursos.
El nuevo régimen también modifica el enfoque sobre la respuesta estatal frente al delito cometido por adolescentes. Aunque la normativa baja a 14 años la edad a partir de la cual un menor puede quedar alcanzado por el sistema penal, no establece que todos los adolescentes deban cumplir penas de prisión.
El esquema prioriza, en determinados casos, medidas alternativas como la reparación del daño, reglas de conducta y actividades educativas o comunitarias. También incorpora herramientas como el monitoreo electrónico y establece un sistema de seguimiento especializado.
En ese marco aparece el concepto de justicia restaurativa, que Ferrari ubicó como uno de los ejes centrales del nuevo modelo.
La finalidad, explicó, "no es la punibilidad del menor", sino intentar su "reinserción dentro de la comunidad". Para eso, el Estado provincial deberá garantizar una serie de servicios que hasta ahora, en muchos casos, se prestan dentro de otros dispositivos de protección de la niñez, pero que con el nuevo régimen pasarán a formar parte de las obligaciones derivadas de una decisión judicial.
Eso puede incluir la finalización de los estudios cuando el adolescente haya abandonado la escuela, el seguimiento para evitar la deserción, la práctica deportiva, la capacitación en oficios y el tratamiento de adicciones.
También deberá contemplarse la atención de enfermedades, los conflictos familiares y las situaciones psicológicas que puedan incidir en la conducta del adolescente.
"Es un cúmulo de cosas", resumió Ferrari, al señalar que la nueva ley obligará al Estado a brindar esas respuestas con una mayor intensidad y por mandato judicial cuando corresponda.
Por ese motivo, el Poder Ejecutivo también deberá adaptar los organismos que dependen de la Dirección de Niñez y avanzar en la creación de un área de Penal Juvenil, destinada a atender los casos que sean derivados por los jueces.
Uno de los puntos que todavía genera dudas es la figura del supervisor de derechos, creada por la normativa nacional para acompañar y controlar el cumplimiento de las medidas aplicadas a los adolescentes.
El problema, según explicó Ferrari, es que la legislación no termina de definir de quién dependerá esa figura. La discusión que deberá resolver San Juan es si estará bajo la órbita del Poder Judicial, del Ejecutivo o si tendrá carácter independiente.
La última alternativa aparece, para el funcionario, como una posibilidad particularmente interesante, porque el supervisor tendría entre sus funciones velar por el respeto de los derechos del adolescente durante el proceso y el eventual cumplimiento de una sentencia, controlando tanto la actuación judicial como las obligaciones que correspondan al Poder Ejecutivo.
Pero esa independencia también abre interrogantes concretos: quién designará a esos profesionales, qué requisitos deberán cumplir y, especialmente, quién financiará su tarea.
Ese punto quedó entre los temas que deberán ser discutidos con la Corte de Justicia antes de cerrar definitivamente el proyecto provincial.
La transformación no quedará limitada a jueces y fiscales. El nuevo régimen también establece exigencias específicas para la policía judicial, que deberá contar con capacitación particular para intervenir en procedimientos que involucren a adolescentes.
Ferrari también mencionó la necesidad de adecuar los gabinetes que actualmente trabajan junto a los juzgados de Menores para que puedan responder a las nuevas obligaciones que recaerán sobre los órganos judiciales.
En paralelo, el nuevo régimen establece un esquema específico para la privación de libertad. Las penas tienen un máximo de 15 años, no se contempla la prisión perpetua y los adolescentes deben permanecer en establecimientos específicos, separados de los adultos.
Mientras la discusión sobre la estructura judicial todavía continúa, el Gobierno asegura tener resuelto el primer paso: el borrador legislativo ya está redactado.
Ferrari contó que el proyecto fue elaborado en la Asesoría Letrada de Gobierno con la colaboración del penalista sanjuanino Fernando Castro, quien participó de manera voluntaria en su confección.
El texto fue distribuido esta semana entre los distintos actores involucrados para que realicen sus aportes. La reunión prevista para el miércoles 9 de septiembre con la Corte de Justicia será determinante para terminar de cerrar las cuestiones pendientes.
"Estamos trabajando codo a codo con la Justicia", sostuvo Ferrari, quien remarcó que en la adecuación están involucrados los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, que impulsa el proyecto; el Judicial, que deberá adaptar su estructura y funcionamiento; y el Legislativo, que tendrá la responsabilidad de convertirlo en ley.
