El gobernador Marcelo Orrego emitió un comunicado para defender la sobernía sanjuanina. Después el vice Fabián Martín abrió el diálogo a las fuerzas políticas. Las reacciones los partidos.
La decisión del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de avanzar con una ley para reclamar jurisdicción sobre territorios que pertenecen a San Juan comenzó a generar repercusiones en el arco político provincial. Mientras los partidos aliados al oficialismo cerraron filas detrás de la postura del gobernador Marcelo Orrego, dentro del peronismo aparecieron voces que respaldaron la defensa de los intereses sanjuaninos y otras que prefirieron tomar distancia de la polémica.
El conflicto escaló esta viernes luego de que la Legislatura riojana aprobara una ley impulsada por Quintela para reafirmar presuntos derechos territoriales sobre áreas estratégicas como el Parque Provincial Ischigualasto y el cerro El Potro, donde se desarrolla el proyecto minero Josemaría, integrado al complejo Vicuña. La norma faculta al Ejecutivo riojano a impulsar acciones políticas ante el Congreso de la Nación y también a iniciar medidas judiciales para intentar frenar la explotación de recursos naturales, mineros, hídricos y arqueológicos hasta que se resuelva el diferendo.
La respuesta de San Juan fue anticipatoria. El jueves a última hora, a través de un comunicado, el gobernador Marcelo Orrego rechazó el planteo y recordó que los límites entre ambas provincias fueron establecidos hace 57 años y ratificados posteriormente por el Congreso de la Nación. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley”, sostuvo el mandatario.
Posteriormente, el vicegobernador Fabián Martín convocó a todas las fuerzas políticas a construir una posición común para defender los intereses de la provincia.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el jefe de Asesores del Gobierno, Rodolfo Colombo, quien llamó a dejar de lado las diferencias partidarias frente al conflicto. “La defensa de San Juan debe encontrarnos unidos. Cuando están en juego nuestro territorio, nuestros recursos y nuestra identidad, no hay diferencias partidarias que valgan. Acompañamos con firmeza la posición del gobernador Marcelo Orrego porque estamos convencidos de que la razón jurídica, histórica e institucional está del lado de San Juan”, afirmó.
En la misma línea se expresó el diputado provincial de ACTUAR, Gustavo Usin, quien remarcó que la discusión excede una cuestión cartográfica. “La jurisdicción de San Juan no está en discusión. Los límites vigentes cuentan con 57 años de aplicación efectiva, respaldo jurídico e institucional”, sostuvo. Y agregó: “No estamos defendiendo solamente una línea en un mapa; estamos defendiendo territorio, recursos, inversión, empleo y futuro para nuestra provincia. Coincido plenamente con la posición expresada por el gobernador Marcelo Orrego. En San Juan vamos a defender lo que pertenece a los sanjuaninos con firmeza, responsabilidad y la ley en la mano”.
Por su parte, el presidente del Partido Bloquista y diputado provincial, Luis Rueda, fue uno de los más duros con el gobernador riojano. “Todo es por el descalabro económico que tiene La Rioja. Están intentando dar manotazos de ahogado para ver si pueden sacar algún rédito económico con la minería sanjuanina”, disparó. Además, calificó el planteo como una “vergüenza” y apuntó directamente contra Quintela: “Es una lástima que un gobernador irresponsable como Quintela lleve a los riojanos a plantear este tema que no tiene ningún tipo de fundamento”.
En tanto, de forma institucional, el bloquismo emitió un comunicado en rechazo a la ley de Quintela. "Como fuerza política profundamente arraigada en la defensa de los intereses provinciales, sostenemos que ningún intento unilateral puede poner en duda la integridad territorial de San Juan, ni afectar recursos estratégicos, patrimonios naturales y símbolos que pertenecen legítimamente a nuestra provincia", firmaron los correligionarios.
En el justicialismo, las reacciones fueron menos homogéneas. El exintendente de Rawson, actual consejero partidario Mauricio Ibarra, respaldó la convocatoria al consenso impulsada por el oficialismo provincial y consideró que la defensa del territorio debe estar por encima de las diferencias partidarias.
“Lo expresé el primer día y es muy coincidente con el planteo del Gobierno: todas las fuerzas políticas en estos temas deberían obligatoriamente coincidir. Son cuestiones que superan a los partidos y ponen en riesgo la institucionalidad territorial”, sostuvo.
Sin embargo, no todos dentro del PJ compartieron esa mirada. El exdiputado provincial Leonardo Gioja evitó involucrarse en la controversia y planteó que la discusión pública debería concentrarse en otros asuntos. “Prefiero que en la Cámara se pueda discutir seria y profundamente cómo desarrollar la provincia a través de la minería, antes que embarcarnos en polémicas sin sentido”, señaló.
El nuevo capítulo del conflicto no es un hecho aislado. Tiene como antecedente inmediato la decisión adoptada en abril por la jueza de Chilecito, Greta Decker, quien ordenó la paralización por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña en territorio sanjuanino.
En aquel momento, el gobernador riojano Ricardo Quintela celebró la resolución judicial como un respaldo a los planteos de su provincia sobre la zona en disputa. Posteriormente, el conflicto se desactivó tras un acuerdo entre la administración riojana y la empresa minera para garantizar la circulación por rutas utilizadas para el desarrollo del emprendimiento.
Sin embargo, la aprobación de la nueva ley por parte de la Legislatura de La Rioja reactivó la controversia en un plano institucional mucho más amplio. Ahora, además de facultar al Ejecutivo para realizar gestiones ante el Congreso de la Nación, instruye a la Fiscalía de Estado riojana a promover medidas cautelares de "no innovar" para intentar frenar la explotación de recursos mineros, hídricos y arqueológicos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El Gobierno sanjuanino interpreta que se trata de una nueva ofensiva sobre territorios cuya jurisdicción consideran definitivamente consolidada desde la sanción de la Ley Nacional 18.004 en 1968 y su posterior ratificación por parte del Congreso Nacional.