La desigualdad aparece al convertir los votos en bancas, ya que en algunas provincias se necesitan muchos más electores que en otras para conseguir un diputado.
Malapportionment: por qué un voto puede pesar más según la provincia.
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Hay un término poco conocido fuera de la ciencia política que describe una particularidad concreta del sistema electoral argentino: “malapportionment”. En términos simples, ocurre cuando la proporción de representantes que tiene un distrito no coincide con la proporción de población que vive allí, provocando que la representación política de los ciudadanos varíe según la provincia.
La palabra podría traducirse como “mala distribución” o “distribución desproporcionada de bancas”. Su punto de partida es el principio democrático de “una persona, un voto”: aunque cada ciudadano deposita un solo sufragio, ese voto puede terminar teniendo una capacidad distinta para generar representación parlamentaria dependiendo del lugar donde se emita.
La aclaración es importante: no significa que el voto de una persona se contabilice dos veces o tenga matemáticamente un valor diferente en el escrutinio. La distorsión aparece después, cuando se observa cuántos habitantes representa cada diputado.
La Cámara de Diputados tiene actualmente 257 integrantes distribuidos entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La cantidad asignada a cada distrito debería guardar relación con su población, a diferencia del Senado, donde cada provincia elige deliberadamente tres representantes como parte del diseño federal.
Sin embargo, la distribución vigente en Diputados continúa vinculada a una norma dictada en 1983, que estableció un diputado cada 161.000 habitantes o fracción determinada, agregó tres representantes adicionales por distrito y fijó un piso de cinco bancas para las provincias. También impidió que una jurisdicción tuviera menos representantes que los que poseía antes del golpe de 1976.
El problema se profundizó con el paso del tiempo. Un material oficial sobre el sistema electoral argentino reconoce que desde 1983 se realizaron cuatro censos nacionales —1991, 2001, 2010 y 2022— sin que el Congreso actualizara integralmente la representación. Esto ocurrió pese a que la Constitución establece que después de cada censo el Congreso debe fijar nuevamente la representación según la población.
Mientras tanto, algunas provincias crecieron mucho más que otras y la distribución de las bancas permaneció prácticamente congelada.
Los datos definitivos del Censo 2022 muestran la dimensión de la diferencia. Buenos Aires tiene 17.523.996 habitantes y 70 diputados nacionales, lo que equivale aproximadamente a 250.000 habitantes por cada banca.
En el otro extremo aparece Tierra del Fuego: tiene 185.732 habitantes y cinco diputados, es decir, cerca de 37.000 habitantes por representante. En términos poblacionales, una banca bonaerense representa a más de seis veces la cantidad de personas que una fueguina.
Ahí aparece el malapportionment: ambos diputados tienen exactamente un voto en el Congreso, pero representan cantidades enormemente diferentes de ciudadanos.
San Juan tampoco queda fuera de esta discusión. La provincia cuenta actualmente con seis diputados nacionales y el Censo 2022 registró 822.853 habitantes. Esto arroja una relación aproximada de 137.000 habitantes por diputado, bastante inferior a los aproximadamente 250.000 que representa cada banca bonaerense.
Además, las seis bancas sanjuaninas equivalen al 2,33% de la Cámara de Diputados, mientras que la población provincial representa alrededor del 1,8% de los habitantes censados del país. Desde una proporcionalidad poblacional estricta, entonces, San Juan aparece actualmente sobrerrepresentada, aunque lejos de los niveles de provincias más pequeñas como Tierra del Fuego, Santa Cruz o La Rioja.
Esto no necesariamente significa que San Juan debería perder legisladores. Una eventual reforma puede resolverse de distintas maneras: redistribuyendo bancas, aumentando el tamaño de la Cámara, modificando el piso mínimo o combinando diferentes criterios.
De hecho, un proyecto presentado en Diputados en 2025 propuso reducir el mínimo de cinco a cuatro legisladores, modificar la cantidad de habitantes utilizada para calcular cada banca y actualizar la distribución según el Censo 2022. Bajo ese esquema particular, San Juan conservaría seis diputados, pero el total de la Cámara subiría a 334 miembros. Se trata solo de una propuesta y no de una modificación vigente.
El fenómeno tiene consecuencias que van más allá de una cuenta matemática. Las provincias sobrerrepresentadas disponen de mayor peso parlamentario en relación con la cantidad de habitantes que poseen, mientras que los ciudadanos de distritos subrepresentados necesitan, en términos poblacionales, reunir muchos más habitantes para obtener una banca equivalente.
Esto puede influir en:
También puede modificar las estrategias electorales de los partidos. Una fuerza con buenos resultados en provincias sobrerrepresentadas puede conseguir una participación parlamentaria mayor que otra con una cantidad similar de votantes concentrados en distritos subrepresentados.
Aunque suelen aparecer vinculados en debates sobre sistemas electorales, son dos conceptos diferentes.
El gerrymandering consiste en dibujar intencionalmente los límites de los distritos electorales para favorecer a un partido o grupo. El malapportionment, en cambio, se produce cuando existe una fuerte desigualdad en la cantidad de población representada por cada banca. Puede existir incluso sin modificar un solo límite geográfico.
En Argentina, donde cada provincia funciona como distrito para la elección de diputados nacionales, el problema central no pasa por dibujar fronteras electorales, sino por cuántas bancas tiene asignada cada jurisdicción.
La desigualdad en la representación ya fue planteada ante los tribunales. En 2018, la Cámara Nacional Electoral hizo lugar al reclamo de un elector cordobés que sostuvo que la desactualización hacía que su voto tuviera menor peso representativo que el de ciudadanos de otras provincias.
El tribunal requirió al Congreso que avanzara en el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución y actualizara la representación de acuerdo con los censos. Desde aquel fallo se realizó además el Censo 2022, pero la distribución integral de las bancas continúa sin modificarse.
El desafío tampoco tiene una solución sencilla. Aplicar literalmente la fórmula de 1983 sobre la población actual provocaría un fuerte crecimiento de la Cámara, mientras que redistribuir las 257 bancas existentes podría implicar que algunos distritos perdieran peso político. Por eso, cualquier cambio necesita una decisión del Congreso y abre inevitablemente una discusión sobre representación poblacional y federalismo.
Detrás de una palabra difícil de pronunciar aparece, entonces, una pregunta bastante sencilla: ¿debería representar un diputado aproximadamente a la misma cantidad de personas sin importar en qué provincia vivan? Ese interrogante está en el corazón del malapportionment y de un debate institucional que Argentina mantiene pendiente desde hace décadas.
